“La Iglesia católica es el Disney World de los pederastas. Se ponen las botas”. Son las lapidarias palabras de Miguel Hurtado, portavoz de Infancia Robada y víctima de abusos en la abadía de Montserrat, en el podcast ‘Queridas Hermanas’ de Sindy Takanashi en la plataforma Podimo.
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En el programa, dedicado a los abusos a menores en la Iglesia, participa también Teresa Conde, víctima de abusos sexuales por parte de un fraile trinitario en Salamanca cuando tenía 14 años. “Tienen acceso a niños facilísimamente”, continúa Hurtado. “Tienen un entorno que les protege y les encubre. Saben que muchísimas veces la fiscalía, los políticos, la sociedad civil… se ponen de perfil porque les entra el miedo de ‘con la Iglesia hemos topao’. Claro, si das a un pederasta niños e impunidad, pues ya está”.
En cuanto a esta impunidad, Conde señala que “hay unos acuerdos con el Vaticano que permiten legalmente que puedan callarse”. “Es decir, yo estoy convencida de que salen a la luz las denuncias hechas por la Iglesia casuales, cuando no les queda otra, para dar una imagen ante sus fieles: ‘Mira, lo estamos haciendo’. Y ya con eso se quedan tranquilos y contentos”, explica.
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No es la primera vez que hablan acerca del manto de encubrimiento que cubre los casos de abusos dentro de la Iglesia católica. De hecho, Hurtado lo explicaba a Vida Nueva cuando, en 2020, presentaba su libro ‘El manual del silencio’: “La idea de este libro era, a través de una historia individual, poner el foco en el problema estructural y sistémico. Cuando comencé a acudir a congresos internacionales de víctimas, nos sorprendía mucho que todos estábamos contando la misma historia. Éramos de países distintos, de generaciones distintas… Pero los obispos habían gestionado todos los casos de la misma forma. Bromeando decíamos “es que parece que han leído todos el mismo manual”. Y, con el tiempo, investigando, descubrimos que, efectivamente, ese manual de encubrimiento existía, que había sido diseñado, implementado y practicado por el Vaticano durante un siglo y bajo siete Papas, y por el cual, ante los delitos de pederastia, los obispos tenían la obligación de investigarlos internamente con la prohibición total de denunciarlos a la justicia”.
Abusos… y machismo
Miguel Hurtado se apuntó al grupo de scouts de Montserrat. Allí, el germà Andreu, el monje de 60 años, querido por la comunidad y fundador del grupo de scouts, abusó sexualmente de él. En el caso de Conde, como ella misma relata en el podcast, “todo el mundo” sabía lo que estaba pasando. Pero, no solo nadie hizo nada, sino que una clara misoginia hizo que la culpa fuera para ella y para su madre. “El mío es un caso de abuso sexual que lo conocía todo el mundo, pero, como soy mujer, la responsabilidad se me achacaba a mí”, relata ante el micrófono.
“Todo el mundo sabía que había un cura de 42 años que ‘salía’ con la niña de 14”, continúa. “Pero la culpa era mía. Incluso, el caso es tan obvio, que no solo confesó el hombre cuando mi madre denunció y habló con el superior de aquella organización, sino que, además, le han concedido la sentencia de nulidad matrimonial a mi exmarido por las consecuencias de los abusos haciendo hincapié en la responsabilidad de mi madre y la mía. Para nada se menciona la responsabilidad del abusador”. De hecho, concluye Conde, en aquella sentencia “para nada se menciona la responsabilidad de la institución. Hay una frase que para mí es lapidaria, que dice: ‘Su madre consintió en una relación que tuvo ella con un amigo fraile y que ella trataba de violación'”.
El plan del Gobierno
El podcast ha visto la luz a la vez que el plan del Gobierno, presentado ayer, para hacer frente los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España, en el cual se contempla la indemnización en aquellos casos que hayan prescrito, sean antiguos o no hayan aportado pruebas suficientes. Un plan que, para Hurtado, es “descafeinado”, con “graves lagunas” y que “beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”.
Así, Hurtado señalaba ayer que las medidas del Ejecutivo consagran el “rescate económico” a los obispos y asumen que, ante la negativa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a participar en un plan estatal de reparación, “será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”. “Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende rescatar a los obispos”, apuntó.
