Tijeretazo a los derechos
En una iniciativa importante por lo novedosa y por lo que significa de aunar esfuerzos, Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y Red Acoge han reunido sus objeciones al proyecto legislativo en un documento cuyo título sintetiza sus temores: Con esta LOEX perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes. ¿Pero es que se les van a recortar los derechos a los inmigrantes? Pues sí. Por ejemplo: un extranjero que no tenga una autorización de estancia o residencia legal ya no podrá empadronarse. ¿Consecuencia? No podrá acceder a servicios básicos de salud o de educación. ¿Otra? Las administraciones públicas no podrán acreditar su población real, que tal vez se incremente sin que aumenten sus recursos.
“Restringir el acceso a la vivienda; a la asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas; a la justicia gratuita, que es un derecho para todos los ciudadanos… son recortes que nos preocupan mucho”, asegura María, que añade otros puntos negativos de la reforma, como el endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar, la situación no solucionada de los menores-mayores, o el aumento del tiempo de ingreso en los Centros de Internamiento para Extranjeros, sin mejorar la situación de éstos. Y otro factor nuclear: el proyecto de Ley endurece “aún más” el régimen sancionador, tanto para el migrante y para el empleador como para la propia sociedad de acogida; además, se sancionará la solidaridad y acogida mediante un nuevo supuesto: promover la permanencia irregular. “Traducido –explica María Segurado–: yo invito a mi primo de Ecuador a venir a España, le dan un visado de tres meses y cuando le caduca decide quedarse. Si mi primo acude a los servicios sociales o a ONG como nosotros, son las organizaciones las que pueden ser sancionadas. La iniciativa ‘Salvemos la hospitalidad’ [impulsada, entre otros, por colectivos eclesiales] fue muy interesante, pero no ha servido”.
Cáritas, CEAR y Red Acoge preferirían una ley que ataje el “riesgo cada vez más visible” de incremento del racismo y la xenofobia, al utilizar al inmigrante como “chivo expiatorio” de la crisis. Ante esto, el mensaje de la Iglesia es claro: “Defensa de los derechos humanos y solidaridad con todos los que defienden la vulnerabilidad de los emigrantes, su dignidad como personas, como hijos de Dios y como hermanos”. Lo recuerda José Luis Pinilla, SJ, director del Secretariado de la Comisión episcopal de Migraciones. En declaraciones a VN, coincide con la reciente expresión del arzobispo Agostino Marchetto (‘la inmigración es una oportunidad para sentir la Iglesia universal’): “Tan numerosos y diversos inmigrantes aquí –asegura Pinilla– constituyen para la Iglesia una oportunidad, una interpelación, una invitación, una urgencia para dar una respuesta pastoral adecuada… Es un reto para que toda la Iglesia se acredite como lo que es: la casa común en la que todos tienen un lugar, y los pobres, lugar preferente”.
Aún no hay fecha para el siguiente trámite parlamentario, que, por cierto, se está haciendo con carácter de urgencia. ¿Porque somos el único país que queda por aplicar las directivas europeas? “No –aclara María–, pero sería extraño que no lo hayamos hecho cuando el 1 de enero de 2010 España asuma la presidencia de la Unión”.
‘Es por la crisis’: la expresión comodín
Desde la Comisión episcopal de Migraciones, por su parte, se advierte también de la “peligrosa coincidencia entre la crisis y la reforma”. “Los obispos –manifiesta José Luis Pinilla– han declarado que el tratamiento, en lo que afecta a los emigrantes, no puede estar condicionado por el vaivén de situaciones económicas coyunturales. ‘Ante la crisis, comunidades fraternas’ es el título –recuerda este jesuita– de la declaración de la Comisión en la jornada anual de este año”. La crisis de empleo en España se ha cebado con los inmigrantes, que ocupaban los puestos de trabajo que se están perdiendo de manera más sangrante (construcción, servicios, etc.).
Según cifras del 7 de septiembre, de cada 100 personas en edad de trabajar en España, 18 están en paro; son 28 de cada 100 en el caso de los extranjeros.
En el nº 2.676 de Vida Nueva.