Ante esta “dura realidad, agravada por la crisis económica y no siempre favorecida por las leyes”, los prelados españoles denuncian el surgimiento del “miedo al extraño”. Por el contrario, apelando al título de su mensaje para este año, Una sola familia humana, hacen hincapié en que todos los hombres y mujeres “tenemos un origen común, el mismo hábitat, la tierra creada por Dios y puesta al servicio de todos los hombres de todos los tiempos y lugares”.
Concretando su propuesta, el documento episcopal fija un doble derecho. Por un lado, el “propio de los Estados a regular los flujos migratorios con justicia, con solidaridad y con sentido del bien común”. Y, por otro, “el derecho fundamental de toda persona a salir de su tierra y a ir a otro país que le ofrezca mejores posibilidades”. Un proceso que debería poder hacer, defienden los obispos, “sin tener que desprenderse de su familia, de su religión, de su cultura”. En este sentido, colocan como la “palabra e instrumento clave” en este proceso al “diálogo en todas sus variantes”: “En el trabajo, en la escuela, en el tiempo libre, en la vecindad, en la convivencia, en la defensa común de los derechos, en las acciones comunes, en el servicio al bien común”. Así, concluyen, resulta “fundamental el diálogo intercultural y, en el campo religioso, el diálogo ecuménico y el interreligioso”.
Para el buen cumplimiento de esta tarea, señalan que ha de ser la propia Iglesia la que, por el carácter de su vocación, sea “pionera en la tarea de acoger a los diferentes, de ayudarles en su proceso de incorporación a la nueva sociedad”. De igual modo que ha de recibir en su seno “a los cristianos y a los que voluntariamente lo pidan”, respetando siempre “la identidad de cada uno”. De este modo, “la Iglesia y los católicos han de ser signos e instrumentos de la realidad de la única familia de Dios, en la que no caben hombres y mujeres diferentes en procedencia, raza, cultura, clase social… La Iglesia es la ‘casa común’, en la que todos tienen cabida”.
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Si grave resulta la situación de muchos inmigrantes en nuestro país, se podría calificar de dramática la que padecen los internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que congregan a personas sin papeles en espera de que se resuelva si son expulsados o no. Así lo refleja, a modo de ejemplo, un reciente informe de Pueblos Unidos, entidad perteneciente al Servicio Jesuita a Migrantes, relativo al CIE de Aluche (Madrid). Elaborado entre enero y noviembre de 2010, a partir del contacto de un equipo de voluntarios con 109 de los 5.000 internos, concluyen que la opacidad marca muchas situaciones: no constan cifras oficiales, hay personas sin defensa jurídica, no siempre son claros los plazos de retención (que la Ley de Extranjería ha aumentado de 40 a 60 días), tienen lugar castigos generalizados, no reciben condiciones de higiene mínimas, la comunicación con sus familiares se hace difícil, a veces no se conoce cómo se resuelven los casos… En definitiva, para Pueblos Unidos, los CIE no son sino “cárceles encubiertas” que vulneran derechos de personas cuya situación de irregularidad no es un delito.
En el nº 2.736 de Vida Nueva.