Bin Laden: un asesinato de Estado que no construye la justicia mundial -

Ciudadanos indios celebran el asesinato de Bin Laden

MARCIANO VIDAL. Instituto Superior de Ciencias Morales (Madrid) | Cuando se me pidió que presentara una valoración moral sobre la muerte de Bin Laden (junto con la de un hijo y la de otras tres personas), la madrugada del 2 de mayo en Abbottabad (Pakistán), a manos de un comando de élite de la Armada militar de los Estados Unidos, me vino a la cabeza la idea de encajar mi discurso en el esquema de discernimiento que utilizó bastantes cientos de veces Tomás de Aquino para analizar las cuestiones teológicas. [Siga leyendo si no es suscriptor]

Marciano Vidal

Ese esquema, con el que compuso cada artículo de cada una de las cuestiones que integran cada una de las tres partes de la Suma Teológica, se construye en torno a una pregunta, en este caso: ¿es la muerte de Bin Laden un asesinato de Estado? La primera aproximación es negar, en este caso: parece que no es un asesinato de Estado, sino más bien: 1. Un acto de legítima defensa. 2. Un acto de justicia. 3. La prevención de males mayores.

A continuación, viene el cuerpo del discurso, en el que se entra en el meollo de la cuestión y se afirma, en este caso: lo cierto es que se trata de un asesinato de Estado. Para probarlo se acude, en primer término, a una cita incontrovertible: “Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pues yo os digo: no resistáis al mal” (Mt 5, 38-39).

A continuación, el contenido de la cita es explicado y desarrollado mediante un razonamiento bien trabado, que justifica la verdad de la afirmación. El último paso del discernimiento es volver sobre las objeciones primeras y, a la luz de lo dicho en el cuerpo del discurso, hacer ver su incongruencia.

Dejo al lector que él mismo se proporcione el placer de construir en su mente todo el proceso discursivo insinuado. Yo le ofrezco, a continuación, los elementos básicos para realizar esa construcción ética: el núcleo moral de la cuestión con el que también se puede dar respuesta a las objeciones. Añado, al final, lo que considero de mayor interés: así no se construye la justicia mundial; esta ha de ser edificada de otro modo.

Núcleo de la cuestión: la muerte de Bin Laden es un asesinato de Estado

No es mi intención echar cargas de responsabilidad sobre las espaldas de nadie. Sí considero que la responsabilidad, primariamente, recae sobre la Administración de los Estados Unidos. Pero, con idéntica claridad, sostengo que la misma y única responsabilidad es compartida por los Estados que han colaborado más o menos directamente (por ejemplo, en el traslado de presos a Guantánamo) o que han justificado más o menos explícitamente, a priori o a posteriori, la acción (pienso, entre otros sujetos, en los organismos de la ONU y en la Unión Europea).

Al querer catalogar moralmente el significado humano de la muerte infligida a Bin Laden, no encuentro otra categoría que la de asesinato de Estado; también podría ser entendida como ejecución de un criminal sin las garantías a que tiene derecho. Otras expresiones pertenecen al ámbito de la retórica o del sentimiento: caza del criminal, linchamiento, ajuste de cuentas, etc.

Para afirmar que se trata de un asesinato de Estado, me apoyo en las dos razones siguientes:

El contexto en que se realiza la acción no es el de un conflicto armado, al menos en su sentido preciso. Quienes catalogan la muerte de Bin Laden como un acto de guerra: o entienden la guerra en un sentido muy amplio, y entonces es imposible tener parámetros morales para discernir las acciones de los Estados, o “inventan” una realidad bélica transformando los datos según sus propios intereses.

Aun en esta hipótesis de contexto bélico –categorización que no me parece adecuada para la situación presente–, el “enemigo” no puede ser abatido si no ofrece resistencia. Esto sigue siendo válido aun tratándose de un “enemigo público número uno”, como se verifica en el caso que analizamos.

La muerte de Bin Laden ofrece signos suficientes para ser considerada como un acto de Estado. Su planificación, su ejecución y sus consecuencias ulteriores no pueden ser explicadas si no actúa la inteligencia y el poder de un Estado, en este caso, del Estado más poderoso del mundo, para actuaciones como la que estamos tratando de ponderar moralmente.

Puesta la categorización de la muerte de Bin Laden como un asesinato de Estado, no queda otra salida que la de valorarla como una acción inmoral. Ha sido en contra del valor básico de la vida humana y en contra de los derechos que garantizan a toda persona –también al criminal– las garantías de una justicia imparcial.

Según resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, después del 11-S, todos los Estados están obligados a llevar a los tribunales a los responsables de aquel crimen de magnitud sin precedentes en la historia humana. A Pakistán, a los Estados Unidos y a cualquier otro Estado les correspondería –les corresponde– poner en manos de la justicia a los criminales. En este caso, una vez que Bin Laden fue encontrado, debiera haber sido entregado a la justicia para un juicio justo.

La inmoralidad del presente asesinato de Estado queda agravada por dos circunstancias que, en sí mismas, suponen una vulneración de los derechos humanos, más la primera que la segunda. Me refiero:

La primera: el haber utilizado la tortura –las llamadas “técnicas de interrogación coercitiva”– para obtener información acerca del paradero de Bin Laden. Además de suponer un “retroceso” a otras épocas de barbarie, la tortura es contraria a los derechos humanos y jamás puede ser justificada. Sirva como prueba de autoridad esta cita del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: “En la realización de las averiguaciones [acerca de la responsabilidad penal] se debe observar escrupulosamente la regla que prohíbe la práctica de la tortura, aun en el caso de los crímenes más graves” (n. 404).

La segunda agravante: el haber contravenido el principio de territorialidad, reconocido hoy por hoy a todo Estado. La Administración de los Estados Unidos se ha comportado como “dueña territorial” más allá de sus propias fronteras. Anotemos aquí un mal endémico que acompaña a la normal actuación de la CIA.

Según el discernimiento precedente, la muerte de Bin Laden no puede ser categorizada ni como una acción bélica, ni como un acto de legítima defensa, ni como la ejecución de una justicia al no haber sido pronunciada por los órganos competentes, ni como una acción preventiva de males inminentes. Es, desde mi punto de vista, un asesinato de Estado con las dos agravantes dichas.

Sería bueno recordar aquí lo que dijo Juan Pablo II en el Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2002, mensaje que tenía una referencia implícita a la respuesta militar de los Estados Unidos después del 11-S (respuesta de castigo sobre Afganistán, 2001). El texto terminaba con esta afirmación-síntesis: “No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón: esto es lo que quiero anunciar en este Mensaje a creyentes y no creyentes, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que se preocupan por el bien común de la familia humana y por su futuro”.

Así no se construye la justicia mundial

Una de las grandes aportaciones de la Doctrinal Social de la Iglesia católica, sobre todo en la fase reciente (desde la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII, pasando por la Centesimus annus de Juan Pablo II, hasta llegar a Caritas in veritate de Benedicto XVI) es haber propuesto una escala nueva a la hora de pensar los problemas sociales: además de la escala estatal (de estados), existe la escala mundial (la comunidad de toda la familia humana). Hay una ciudadanía mundial; debe haber una autoridad mundial; hemos de construir una justicia mundial (con sus derechos y con sus obligaciones). Me refiero directamente a la justicia ética mundial, pero en la que necesariamente ha de ser incluida la justicia jurídica mundial.

La muerte de Bin Laden no ayuda a crear, positivamente, esa justicia mundial. Pero, a contrariis, nos puede servir para tomar mayor conciencia de que es preciso trabajar por ella. A este respecto, habría que pedirle a la gran Nación Americana que pondere:

El excesivo margen de legalidad que el Congreso, tras el 11-S, otorgó al presidente para intervenir militarmente (Ley de Autorización para utilizar la fuerza militar).
La aceptación legal de determinadas formas de tortura.
La conculcación sistemática del principio de territorialidad por parte de la CIA.

Desde el punto de vista positivo, son muchos los que estamos deseando un apoyo eficaz de los Estados Unidos (así como de otras grandes potencias mundiales) a favor del funcionamiento del Tribunal Penal Internacional.

En el nº 2.753 de Vida Nueva.

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