CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
“Es imprescindible una formación moral de la conciencia, que sabe distinguir muy bien entre la justicia y el delito, la responsabilidad y la pena…”.
En un tema tan importante como es el del derecho a vivir, da la impresión de que nos movemos en un espacio lleno de ambigüedades, confundiendo los supuestos y los derechos, haciéndolo todo opinable y subjetivo, tratando asuntos tan importantes, como es el de la dignidad de las personas, con una frivolidad que raya en la pantomima.
El mismo enunciado de la ley –Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo– ya produce cierta incomodidad ante lo ambiguo de la mezcla de conceptos y de las actitudes, sin hablar de la confusión entre lo que puede ser una legislación sobre la despenalización del aborto en algunos supuestos, y una especie de proclamación de una ilimitada libertad para abortar en ejercicio de una decisión individual y subjetiva.
Lo que más sorprende y duele es que se preste más atención a definir “los supuestos” que a hacer todo lo posible para que no tenga que llegarse a tener que cometer una acción moralmente tan execrable como es el aborto.
Se ofrece como argumento el de la libre decisión acerca de lo que acontece en el propio cuerpo. Lo cual es más que discutible, pues la propia persona no puede considerarse como “propiedad privada”, que hace y deshace a su antojo. Es un “bien social” que nos pertenece a todos y, entre todos, tenemos que cuidarlo y protegerlo.
Pero, aparte de todo esto, lo que de ninguna de las maneras se puede decir es que se puede hacer con la vida de los demás lo que a una persona le plazca. Será su madre, pero no la dueña y señora de la vida de su hijo.
Se ha repetido, y con mucha razón, que la primera víctima del aborto es siempre la madre, pues sobre ella van a recaer las consecuencias de un comportamiento éticamente reprobable. Una educación sexual adecuada y responsable es imprescindible. Pero también una formación moral de la conciencia, que sabe distinguir muy bien entre la justicia y el delito, la responsabilidad y la pena, y que no hay derecho alguno que no suponga el deber correspondiente.
Todo aquello que se refiere a la persona, desde el momento de su concepción hasta el de su muerte natural, debe ser considerado como algo fundamental en el ordenamiento social y jurídico, dejando atrás cualquier ambigüedad y desamparo al derecho de vivir. En consecuencia, también habrán de ponerse en marcha todos aquellos instrumentos necesarios de protección y ayuda ante situaciones de carencias y situaciones especiales.
En el nº 2.854 de Vida Nueva.
