BLANCA HERNÁNDEZ OLIVER | Delegada del Gobierno para la Violencia de Género
La trata de seres humanos, una profunda violación de los derechos humanos, se caracteriza por aprovechar la desigualdad y la vulnerabilidad social y económica de las mujeres y las niñas en los países de origen para someterlas a esta cruel forma de violencia contra la mujer.
Es por ello que se recoge en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016 y así se aborda –como una forma de violencia contra la mujer– desde el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, instrumento específico en la materia que señala la necesidad no solo de prestar especial atención a la dimensión de género, sino a la edad como un factor de vulnerabilidad que requiere de medidas específicas para atender a estas víctimas.
Por ello, el interés superior del menor es, junto al enfoque de género y de derechos humanos, uno de los pilares del Plan, lo que se traduce en medidas concretas, como la elaboración, iniciada en 2015 en el marco del Observatorio de la Infancia, de un Protocolo para la mejora de la coordinación en la detección, identificación y atención a menores víctimas de trata.
En materia de asistencia y protección a estas personas, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) trabaja para el mantenimiento y mejora de una red de recursos de asistencia, con servicios que atienden a víctimas menores de edad y a los hijos menores de las víctimas. Según la Guía de Recursos de atención, hoy hay 27 centros que atienden a estas personas que tienen a hijos e hijas menores de edad.
Además, la DGVG tiene el compromiso de promover un cambio del modelo social y cultural que lleve a la erradicación de este tipo de violencia a través de la lucha contra sus causas. Por ello, desarrolla medidas de prevención, sensibilización y concienciación de la población frente a las distintas formas de violencia contra la mujer. En particular, reforzando las medidas que permitan reducir la demanda de servicios relacionados con este delito, con el fin de evitar la captación de víctimas para su explotación sexual.
En el nº 2.978 de Vida Nueva
