La Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco ha llamado la atención sobre la violación de derechos humanos en el Pacífico Nariñense. A través de un comunicado, difundido a partir del 15 de abril, la institución se ha referido al índice de pobreza en la región, que ya asciende a 83.4%. Desempleo generalizado; baja cobertura educativa en sectores como Telembí, Sanquianga y el Pacífico sur; insuficiente suministro de agua potable; e ineficaz atención en salud, son algunos de los componentes representativos de la situación generalizada de necesidades básicas insatisfechas.
A lo anterior se suman otras problemáticas enunciadas por la Iglesia local. “Desde hace cinco años, después de pasar un periodo bastante difícil con las fumigaciones, los cultivos de coca se han convertido en la mayor opción de trabajo, hasta llegar a más de 16.990 hectáreas, aproximadamente, más del 18 % del total nacional”.
Como ha informado en reiteradas ocasiones la Diócesis, en las últimas semanas se han multiplicado los conflictos asociados a la erradicación. “Desde febrero se han presentado cuatro protestas de campesinos de Tumaco, Barbacoas y Magüí, con bloqueos en las vías en donde se han presentado enfrentamientos entre campesinos y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)”.
La Iglesia hace un llamado a agilizar una implementación participativa y consultada del Plan Nacional Integral de Sustitución. Igualmente, da a conocer su preocupación por la agudización de la violencia y alerta sobre la presencia de grupos armados en territorio de población civil. A las autoridades responsables les pide investigar y actuar de manera urgente, en atención a las denuncias expresadas por las organizaciones sociales de la región, sobre amenazas y asesinatos.
En conversación con Vida Nueva, José Luis Foncillas, de la Casa de la Memoria, señala como principal desafío de la región que pare el conflicto. “El gobierno no está cumpliendo con su función de controlar los espacios que las FARC han dejado vacíos”, sostiene. Esos espacios están siendo ocupados por otros actores ilegales, vinculados al negocio del narcotráfico. A su parecer, es el momento propicio para que el Estado empiece a cuidar a Tumaco como nunca lo hizo: con presencia social y no solamente con Fuerza Pública.
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