“Francisco ya ha hablado varias veces sobre los temas relacionados con la dictadura. Siempre insiste en que no hay que pedir impunidad y que, especialmente en los delitos de lesa humanidad, hay que aplicar la ley sin atenuantes”. Lo dice el arzobispo Víctor Fernández, rector de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La Conferencia Episcopal Argentina celebró la semana pasada su 113º Asamblea Plenaria. Entre los temas a tratar: la reconciliación tras la dictadura. De hecho, varias víctimas ofrecieron su testimonio a los obispos. En una entrevista a La Nación, el arzobispo, muy cercano al Papa, indicó que “la palabra reconciliación está ya muy cargada de preconceptos, e incluso de la idea de impunidad, por lo cual conviene buscar otras expresiones para expresar su contenido válido”. Y afirmó que “la reconciliación no se puede imponer ni forzar desde afuera: debe brotar lentamente desde el corazón de la sociedad”.
“El riesgo por ayudar a los demás, no es una pérdida, es una ganancia. Esa es la paradoja más hermosa del Evangelio”, dice Alejandro Solalinde. El sacerdote mexicano de 72 años, cuya cabeza tiene precio: un millón de dólares, se dedica desde hace una década a ayudar a migrantes centroamericanos que atraviesan México para conseguir el sueño americano.
El sacerdote está en Italia para la presentación el próximo 13 de mayo del libro ‘Los narcos me quieren muerto’ y ha concedido una entrevista a Vatican Insider, en la que ha contado cómo dedica la vida a los migrantes, a los que ofrece un pedazo de pan y un lugar seguro donde quedarse lejos de las bandas criminales que los extorsionan, explotan o trafican con sus órganos. Y lo hace por una sola razón: “Los inmigrantes no son un fenómeno, son un acontecimiento histórico”.
La Corte Suprema de Chile autorizó la expulsión del país del sacerdote John O’Reilly, una vez que cumpla la pena de cuatro años de prisión bajo libertad vigilada por abuso sexual de menores, informa ACI Prensa.
El 11 de noviembre de 2014, la Justicia decretó que el sacerdote irlandés era culpable de abuso sexual reiterado contra una menor entre 2010 y 2012. El Ministerio de Interior ha decretado su expulsión una vez cumpla la condena. Una medida por la que el sacerdote presentó un recurso de protección, que no ha sido admitido por la Justicia.
Así, tendrá 72 horas para abandonar el país cuando se cumpla la condena en noviembre de 2018, puesto que el Congreso le ha retirado la nacionalidad.