Luego del escándalo que guió la agenda de los medios por el encuentro del Episcopado con familiares de víctimas de la dictadura, el lunes 8 amanecía con una noticia que causaba escalofrío: la Suprema Corte de Justicia decidió ofrecer el beneficio conocido como “dos por uno”, utilizado en las condenas de delitos comunes, para condenados por delitos de lesa humanidad. Fue a través de un fallo que benefició al represor argentino Luis Muiña. En seguida, la Iglesia hizo escuchar su voz. Los primeros en expresarse fueron la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (Confar) y la Vicaría de Solidaridad de la diócesis de Quilmes.
La Confar se lamentó “que órganos estatales como la Corte Suprema de Justicia en vez de hacer cumplir una sentencia condenatoria en el marco de un grave delito de lesa humanidad, lo que hace es generar un nuevo marco de insatisfacción e incumplimiento de los derechos de las víctimas y sus familias”. Por su parte, la Vicaría quilmeña advirtió: “el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia reabre las heridas, reaviva el dolor, genera un descrédito en el poder judicial”.
“Un fallo de estas características no ayuda a poder transitar este camino de búsqueda de justicia. Lejos de ayudar, renueva heridas y provoca intranquilidad y enojos”, manifestó Jorge Lozano, arzobispo coadjutor de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en declaraciones a radio Rivadavia. En la misma emisora, el obispo castrense electo, Santiago Olivera, consideró: “a veces se cree que pensar en un camino de reconciliación supone también impunidad y dejar atrás los delitos aberrantes cometidos; la verdadera reconciliación sólo se va a conseguir con justicia, con reparación y con verdad”.
Otro que se ha pronunciado ante los medios fue el rector de la Universidad Católica Argentina, Víctor Manuel Fernández: “Francisco ya habló varias veces sobre los temas relacionados con la dictadura. Siempre insiste en que no hay que pedir impunidad y que, especialmente en los delitos de lesa humanidad, hay que aplicar la ley sin atenuantes”, aseguró en una entrevista con el diario La Nación.
Quien también salió a la prensa en seguida fue el presidente Mauricio Macri. “Siempre estuve en contra del dos por uno y de cualquier herramienta a favor de la impunidad, más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad”, sostuvo. Y destacó: “la independencia de los poderes“.
Sin duda, semejante fallo desató el repudio de organismos de derechos humanos, de diversos sectores de la sociedad y de partidos políticos, no solo los de izquierda, sino también de aquellos que se los asocia con la derecha y el neoliberalismo. Tal fue el malestar social que en la tarde del miércoles 10 de mayo, miles de personas –literalmente “miles”– sin banderas políticas, solamente llevando pañuelos blancos, colmaron las calles adyacentes y los alrededores de la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires.
