El presidente brasileño Michel Temer se ha enrocado. Una y otra vez insiste: “No renunciaré. Repito. No renunciaré”. No dimitirá a pesar de que el cerco de la corrupción se estrecha en torno su persona y que ya se ha llevado por delante a su ministro de Cultura. Dice ser inocente después de que el Tribunal Supremo Federal haya abierto una investigación tras hacerse pública una grabación que probaría una cadena de sobornos.
“Vemos con espanto e indignación las graves denuncias de corrupción política”, señalan los obispos brasileños en un comunicado que han hecho público hoy ante la oleada de protestas que recorren todo el país. El documento elaborado por la Conferencia Episcopal de Brasil abraza el artículo 37 de la Constitución brasileña para reclamar una “conducta correcta” de quien asume el liderazgo del país o, “de lo contrario, no será capaz de ejercer el cargo que ocupa”. Es más, los prelados recuerdan que tras el informe judicial, “los autores de los actos ilegales deben rendir cuentas”, a la vez que solicitan una regeneración democrática que promueva los valores de “la honestidad y la justicia social”.
Reacción inmediata a la de los obispos brasileños en un comunicado que, lamentablemente, guardad similitudes a los que podemos leer estos días entre los prelados de nuestro país sobre los casos que salpican sin cesar la actualidad política española.
La Iglesia de Venezuela, con el respaldo de Parolin
Tener el respaldo del secretario de Estado del Vaticano es tener el apoyo explícito del Papa. Sobre todo, teniendo en cuenta que la responsabilidad asumida por Pietro Parolin es la equivalente a la de un primer ministro de cualquier Estado. Un matiz que debería tener en cuenta el presidente venezolano Nicolás Maduro la próxima vez que lleve a cabo una embestida pública para acomodar a su gusto las palabras del Papa contra los obispos venezolanos. Siempre han contado con el visto bueno del “premier” de la Santa Sede, pero no está de más que dado el vendaval que asola el país, su voz se escuche de nuevo.
Lo ha dejado claro Parolin en unas declaraciones realizadas en la tarde del jueves: “Dije, y aquí lo repito, que en este momento la solución real es la de unas elecciones que den a la gente la oportunidad de expresarse de acuerdo a lo que quieren, para restaurar la soberanía del pueblo”. No hacen falta más explicaciones para respaldar a la Conferencia Episcopal de Venezuela, casi de forma simultánea a que se publicara la exhortación fruto de una Asamblea Extraordinaria en la que respaldan las movilizaciones pacíficas en la calle con el objetivo de frenar una dictadura.
Otro ‘no’ a la gestación subrogada
No ha dejado un mínimo margen de duda. El Comité de Bioética pide pedir “promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos por gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”. Así lo aprobaron sus miembros por unanimidad en un informe durante la plenaria que mantuvieron el pasado 8 de mayo, en el que van más allá de solicitar que la prohibición en nuestro país, para invitar al Gobierno a que abandere la lucha contra los llamados “vientres de alquiler”.
Es más, entre las conclusiones de este grupo de asesores profesionales adscritos al Ministerio de Sanidad, insta, entre otras medidas a “sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad”. Aunque el Comité reconoce que “el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión”, subraya que “no puede realizarse a costa de los derechos de otra persona”.
Incluso el informe reconoce distintas visiones dentro de este equipo de expertos. Una mayoría entiende que cualquier contrato de gestación “por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio”. Sin embargo, otros miembros, aunque podrían ver la necesidad de regular esta práctica, tampoco acaban de “ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual”.
Este rechazo de estos expertos a los llamados “vientres de alquiler”, contempla, eso sí, la necesidad de “asegurar una transición segura que evite que queden protegidos los niños” fruto de este proceso. Un asunto sobre el que reflexionó precisamente Vida Nueva hace unas semanas: ¿Cómo acompañar a quienes han dado el paso?
Es cierto que los dictámenes del Comité de Bioética no tienen carácter vinculante, pero sí son un faro a tener en cuenta para iluminar temas tan delicados como controvertidos. Ahí está su balance que se suma la no que también han manifestado tanto la Iglesia como los principales colectivos feministas. No son pocas las voces. Ni aisladas.
