Ante la aprobación del artículo 153 de la propuesta de Ley del nuevo Código Penal boliviano, por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, referido a la ampliación de las causales bajo las cuales se acepta el aborto en el país andino, la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “lamenta profundamente que con que con esta aprobación se desoiga las voces de cientos de miles de ciudadanos que en los últimos meses han hecho conocer su rechazo a través de marchas y cartas”.
El polémico artículo, aprobado el pasado 19 de mayo, dispone que no habrá penalización para las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo durante las primeras ocho semanas de gestación en nueve casos: si se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, si no cuenta con recursos para mantenerse y mantener a su familia, si es madre de dos o más hijos y no puede mantenerlos, si es menor de edad, si está en riesgo su vida, por prevención de su salud integral, por inviabilidad del feto, si es producto de violación o incesto, y si la embarazada es niña o adolescente.
Ante esto, el comunicado de la Iglesia boliviana, dado a conocer al día siguiente, sábado 20 de mayo, apela a “la conciencia por encima de las leyes” para detener la avanzada de la ‘cultura de la muerte’, denunciada por los obispos hace tres semanas, al concluir la 103ª Asamblea Plenaria de la CEB.
“Fieles a la misión profética de la Iglesia, insistimos que una eventual aprobación de este Proyecto de Ley implica una derrota del conjunto de la sociedad boliviana y el avance de una cultura de muerte”.
“¿Es este el “vivir bien” que pregonan nuestros gobernantes?”
Los voceros del Episcopado boliviano cuestionaron si la eventual aprobación del proyecto de Ley sería coherente con el sumak kawsay o ‘buen vivir’ que pregonan los gobernantes: “Con esta decisión mostramos a nuestros hijos un país que no enfrenta sus problemas respetando y cuidando la vida y la dignidad de sus habitantes más vulnerables como son los niños y las mujeres, y prefiere resolver esos problemas eliminando a los inocentes. Nos preguntamos ¿es este el “vivir bien” que pregonan nuestros gobernantes?”.
Con todo, la CEB confía en la conciencia de los ciudadanos, reconociendo que “la última palabra reside en cada persona y es nuestra obligación moral cuidar y hacer prevalecer el derecho a la objeción de conciencia”.
El comunicado concluye con una exhortación a los fieles y a las personas de buena voluntad a perseverar en la oración personal “para que la aprobación de esta ley no se consume y para que los ciudadanos sigamos viviendo de acuerdo con nuestra propia conciencia y con los valores que sustentan nuestras culturas ancestrales”.
