“Si las campañas en favor de los afromexicanos no se concretan en una modificación a la ley, el Estado seguirá sin aplicar políticas en su beneficio; esto es un hecho”. Así lo aseguró el sacerdote José Manuel Suazo, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, entidad en la que habitan más de 266 mil mexicanos de descendencia africana.
Fue por ello que a mediados de este mes se llevó a cabo en el país la campaña “Afromexicana soy”, organizada por el Fondo Semillas, con el objetivo de promover, entre las mujeres de las comunidades negras del país, el orgullo hacia su identidad, pero también hacer visible su lucha a favor de la igualdad de oportunidades.
Una realidad ineludible
De acuerdo con un estudio elaborado en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el 2015 había en México un millón 381 mil 853 afromexicanos, cifra equivalente a 1.2 por ciento de la población nacional, mientras que las cuatro entidades con mayor cantidad de ellos son el Estado de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
El Fondo Semillas trabaja directamente con cuatro organizaciones de mujeres afrodescendientes: Red de Mujeres de la Costa Chica de Oaxaca, Mujeres Pescadoras del Manglar, Red de Mujeres Guerreras Afromexicanas y Alianza Cívica Pinotepa Nacional.
Sobre la campaña iniciada por esta organización, el padre José Manuel Suazo la calificó de positiva, pero advirtió que por desgracia muchas veces ese tipo de voces se quedan sólo en propuestas y tienen poco impacto, sobre todo porque no se concretan en modificaciones a la ley, “y mientras no se modifique la ley, el Estado seguirá sin aplicar políticas públicas en beneficio de esta población que sufre principalmente discriminación”, dijo.
Una reforma de ley
En ese contexto, hace unos días la diputada local del PRD en Veracruz, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presentó una iniciativa en el congreso local para reformar el artículo 5 de la Constitución Política estatal a fin de que quede claro que corresponde al gobierno promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades afrodescendientes radicadas en la entidad, para lo cual se deben implementar políticas públicas adecuadas; también reconoció la importancia que tiene la aportación cultural de las generaciones afrodescendientes, por lo que la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente.
Al referirse a dicha iniciativa de ley, el padre José Manuel Suazo aplaudió la gestión de la diputada local, pues “abre las posibilidades para que se desarrolle o se promueva la identidad de estas comunidades y se reconozca todo lo bueno que han aportado al estado de Veracruz”.
Explicó que en la entidad hay zonas en las que es muy notable su presencia. “Hay una comunidad que se llama el Coyolillo –dijo– donde hay muchos descendientes de africanos; es evidente por el color de la piel y por algunas costumbres”.
Sobre la discriminación que sufren estas personas, el sacerdote consideró que ésta sigue siendo un grave problema en todo el país, pero no sólo es hacia ellas: “a veces es el color, a veces su condición de indígenas, a veces por migrantes o pertenecer a un grupo vulnerable”.
Según un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2016, hay 705 mil mujeres afrodescendientes en el país, casi el 50 por ciento, y del total de hombres y mujeres, 18.2 por ciento no tiene acceso a servicios de salud, porcentaje mayor al de la población indígena, que es de un 16.4 por ciento.
Una Iglesia que acompaña
El padre Suazo Reyes recordó que la Iglesia siempre ha estado atenta a las necesidades de los grupos vulnerables, y a través de la Pastoral Social realiza actividades en beneficio de los sectores más desprotegidos, incluidos los afromexicanos.
“Tenemos varias iniciativas en las Cáritas parroquiales mediante las cuales se promueve a las mujeres y se les capacita con algunos cursos de repostería, belleza, corte; de esa forma pueden generar recursos para sus familias”, agregó.
“Sin embargo –concluyó– falta mucho por hacer, y en este sentido el Estado tiene una gran responsabilidad: garantizarles sus derechos y promover el respeto a su identidad”.
