Sacerdotes poblanos han sido amenazados por parte de los llamados “huachicoleros” (nombre que reciben quienes operan la extracción ilegal de combustibles), por considerarlos un contrapeso a su actividad delictiva.
Este domingo, el Arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, reconoció esta problemática, pero explicó que los ministros afectados pertenecen a la Diócesis de Tehuacán, también en el estado, donde se encuentran los municipios que conforman el “Triángulo Rojo”, región en la que poblaciones enteras se dedican a dicha práctica criminal.
Para hablar del tema, Vida Nueva Digital México entrevistó al responsable de organizar las visitas pastorales en el Arzobispado de Puebla, padre Gustavo Rodríguez Zárate, quien coincidió con don Víctor Sánchez en que la Iglesia no puede permanecer insensible a esta dolorosa realidad, pero es necesario ser muy prudentes.
El padre Rodríguez Zárate, quien también es responsable de la Pastoral de Migrantes en la arquidiócesis poblana, aseguró que el conflicto va creciendo, lo que pone a la Iglesia en una situación complicada.
Y es que –dijo– “si uno es analítico y crítico, tiene que serlo con todos, con la autoridad, la policía, los huachicoleros, los criminales, y entonces viene el conflicto, hay consecuencias, y la primera llamada de atención es por parte del gobierno. Por esta razón uno no puede hablar, pero si no habla, entonces es cómplice”.
Señaló que cuando la situación de un sacerdote, a causa denunciar el mal, llega a momentos críticos y su vida corre peligro, es mejor cambiarlo a otra parroquia. “Pues si estás con un grupo, eres enemigo del otro, y viceversa, y si no estás con nadie, entonces eres enemigo de los dos. Pero no sólo los sacerdotes, también las catequistas y las religiosas han llegado a sufrir este problema”.
Explicó que en estos momentos se prepara la visita pastoral en una de las zonas conflictivas cerca del Pico de Orizaba, por lo que es necesario que en la planeación se hable de protocolos de seguridad no sólo para los misioneros, seminaristas, religiosas y sacerdotes que irán a la visita pastoral, sino también para la gente de la zona que se ve afectada por la violencia e inseguridad que conlleva el robo de combustibles.
“Debemos buscar no confrontar a la Iglesia con los caciques o el crimen organizado para evitar alguna situación negativa”, dijo.
El padre Gustavo Rodríguez explicó también que la extracción ilegal de combustible de los ductos de Petróleos de México comenzó aproximadamente 12 años atrás, cuando algunos mandos policiales comenzaron a colaborar en el robo de combustible.
En un principio –señala– los mayores beneficiados eran algunos agentes del orden que llenaban sus patrullas con gasolina ilegal, pero poco a poco esto provocó que otros le entraran el juego de obtener combustibles baratos. “Esto comenzó a crecer de tal forma que hasta las gasolinerías participaban de esta acción ilegal; ya no compraban a Pemex, sino a los huachicoleros”.
“Con el tiempo, el crimen organizado, los Zetas principalmente, no sólo empezaron a pelearse las plazas como es sabido, sino también el control de la extracción de los combustibles, implicando a familias, poblaciones y policías municipales, como ‘halcones’ para informar cuando se acercaba la policía federal”, dijo.
Esta acción se fue ampliando hasta abarcar varios municipios de la entidad, desde Esperanza hasta Río Frío, que es por donde corren los ductos, involucrando municipios como San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan –esto del lado del Iztaccihuatl y del Popocatépetl–, y el “Triángulo Rojo”, del lado del Pico de Orizaba. “Son municipios en los que están involucradas muchísimas personas”.
“Al ser Puebla uno de los estados más pobres del país, los niños y jóvenes ya no sueñan con ir a trabajar a los Estados Unidos, toda vez que con los huachicoleros ganan un buen sueldo, a veces hasta en dólares. La oferta en esta región es muy alta como para irse a trabajar al norte”, consideró.
Denuncia el sacerdote que en todo el proceso hay complicidad entre Pemex, las autoridades estatales y la delincuencia organizada, “pues de otra manera no sería posible”.
Actualmente, en el “Triángulo Rojo” la gasolina ilegal se puede comprar en las calles, mercados, tianguis, gasolinerías, comercios, e incluso se puede pedir por celular. “Es descarado todo esto”.
Tras el anuncio que hiciera ayer el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que el gobierno federal y las autoridades estatales trabajan para dar con los líderes y acabar con la cadena de compra-venta de combustible robado, el padre Rodríguez Zárate consideró que el problema no se va a parar por la fuerza, sino que tiene que haber todo un cambio de políticas gubernamentales a favor del campesinado, cuyas alternativas actualmente sólo son dos: participar de las acciones delictivas del crimen organizado o irse a trabajar de peones a otro estado del país.
“No hay más opción que favorecer programas de educación, de trabajo y de comercialización. Tenemos tierras buenas, pero quienes están aprovechándolas son los extranjeros, porque los paisanos no tienen recursos para hacerlo, y a quienes los tienen y trabajan bonito, los secuestran, los amenazan, les exigen cuota para dejarlos en paz. Eso es lo que nos preocupa”, añadió.
Ante esta situación, habló de la importancia de tener un trabajo coordinado de apoyo a los emprendedores de la zona, pero sobre todo promover la educación comunitaria, solidaria, y exigir a las autoridades programas que respondan a la realidad.
Concluyó: “La Iglesia no puede quedarse muda ni ser neutral, pues estamos viendo cómo se están afectando las familias, cómo se están rompiendo los hogares, y lo más triste, cómo se involucra a los niños y jóvenes en esta situación tan dramática e injusta”.