No hay marcha atrás en la política de tolerancia cero contra los abusos sexuales en la Iglesia. Pero no es un camino exento de dificultades. En marzo pasado, Marie Collins presentaba su dimisión como miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. El portazo de la única víctima de abusos que quedaba en esa comisión trajo a la primera plana un secreto a voces: las resistencias y zancadillas internas ante esta lacra. (…)
Esas dificultades que se palpan en el Vaticano se reproducen, a otra escala, también en diócesis de todo el mundo. En España, por ejemplo, aún pesan mucho inercias del pasado y la gestión que se está haciendo de los casos que aparecen –y de los que dan cuenta generalmente los medios de comunicación antes que los obispados– es, según fuentes consultadas por Vida Nueva, “muy mejorable” o “insuficiente y diversa”, cuando no está dando lugar “a injusticias tremendas en donde se deja de lado a las personas”.
“Hay obispos que saben de casos de pederastia, pero que han evitado que saliesen a la luz. Hay diócesis que no dan toda la información que se requiere. Y hay cargos diocesanos que ahora se escandalizan y que antes no hacían nada. Hay injusticias tremendas, en donde se deja de lado a la persona. Es cierto que hay pastores que tienen muy claro que hay que hacer frente a esta lacra, pero desgraciadamente, y no solo en las diócesis, sino también en las congregaciones religiosas, se está más por salvar al grupo que a la persona”, lamenta un sacerdote que ha participado en varias investigaciones canónicas, y que exige el anonimato.
Y añade, con la misma amargura y preocupación: “Hay obispos que se toman estos asuntos como si fuese algo personal, un ataque contra ellos, y no se dan cuenta de que se enfrentan a una responsabilidad civil. Hay diócesis que no podrán hacer frente a las sanciones”.
“Estos asuntos se están mirando con diligencia y seriedad”, se defiende un obispo consultado por esta revista. “Aunque solo sea porque Roma tiene la lupa puesta sobre nosotros. Eso sí, yo no doy un paso en estos asuntos sin consultar al Consejo Presbiteral y al Consejo de Consultores”, añade.
“Hasta hace diez años, la política contra los abusos dentro de la Iglesia española era de maquillaje, como ocurría en todas las Iglesias: ocultación del problema, traslado del párroco a otra parroquia y desprecio hacia las víctimas”, señala Gil José Sáez Martínez, vicario judicial de la diócesis de Cartagena. “La respuesta actual –añade– la calificaría de muy mejorable, porque no se puede responder únicamente cuando sale a la luz pública un caso y, mientras no aparezca otro, no se habla del tema”.
Este sacerdote, que está trabajando en una tesis doctoral sobre las respuestas procesales estatales y canónicas ante los delitos de abusos sexuales cometidos por clérigos españoles, está convencido de que “la inmensa mayoría de obispos y superiores religiosos” en España siguen las instrucciones de Ratzinger y Bergoglio sobre este asunto.
“Pero, en la línea de investigación de mi tesis, sí que he encontrado algunas formas de actuar que son propias del pasado, como obispos que pactan indemnizaciones a cambio del silencio de la víctima o que la han engañado prometiéndole un juicio canónico que luego no se hizo”, subraya. (…)
¿Es previsible una oleada de denuncias en España, como ha sucedido en países como el Reino Unido, Alemania, Austria, Irlanda o Polonia, una vez que se han conocido y juzgado los primeros casos? “Es muy difícil contestar a esa pregunta, porque a las víctimas de abusos sexuales, en general, les cuesta mucho psicológicamente denunciar, y muchas no lo hacen nunca. Ante una criminalidad oculta, es muy difícil hacer estadísticas, pero según expertos eclesiales y extraeclesiales, en nuestro país se van a incrementar las denuncias a partir del año 2018”, afirma Gil José Sáez. (…)