Después de 40 años, la justicia condenó a dos ex agentes de inteligencia por el asesinato de la empleada doméstica Enriqueta Reyes.
“Los Columbanos condenamos estos graves hechos que truncaron la vida de Enriqueta, enlutando a los chilenos y a nuestra comunidad. Enriqueta Reyes siempre ha tenido un lugar especial en nuestra casa central; su foto nos acompaña y en memoria de ella, se mantiene sin reparar una pared que recibió uno de los impactos de bala que fueron disparados ese día, contra la casa y nuestra trabajadora” expresa el sacerdote Álvaro Martínez Ibáñez, Director Regional en Chile de los Padres de San Columbano, en su declaración pública.
Y agrega: “hemos conocido, este miércoles 31 de mayo, la resolución de la Corte Suprema que condenó a dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de homicidio de Enriqueta del Carmen Reyes Valerio, crimen perpetrado en noviembre de 1975, en la Casa Central de la Sociedad Misionera de San Columbano. Primero queremos solidarizar con la familia de Enriqueta Reyes y agradecerles la lucha constante en la búsqueda de la verdad y justicia”.
La noche del 1 de noviembre de 1975 un operativo de la policía secreta, DINA, buscaba a la médico británica Sheila Cassidy, por haberle brindado atención profesional a Nelson Gutiérrez, entonces segundo jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Llegan a la Casa Central de los Columbanos, en el barrio Providencia de Santiago, donde se encontraba Cassidy visitando un enfermo. En el momento que Enriqueta se asoma para ver quién llamaba a la puerta, los agentes comienzan a disparar hacia el interior del inmueble, durante 20 minutos, dejándola herida de muerte. Con el fin de justificar tal ataque, los agentes de la DINA difundieron la versión que decía que ellos habían recibido disparos desde el interior de la casa, dando cuenta que, incluso, uno de ellos resultó herido, hecho que nunca fue comprobado. Cassidy fue detenida y torturada antes de ser expulsada del país. El caso produjo conmoción internacional, ya que denunció su tortura y el homicidio a través de Amnistía Internacional una vez repatriada al Reino Unido.
Defensa de la Iglesia de Santiago
Pese a las restricciones que ponía la dictadura, organismos de la Iglesia católica chilena dedicados a la defensa de los perseguidos políticos lograron llevar este hecho hasta los tribunales de justicia donde, en primera instancia, algunos años después el ministro Mario Carroza falló con penas de 15 y 10 años para los dos acusados de la muerte. Las apelaciones posteriores, en un largo proceso, llevaron el caso hasta la Corte Suprema que emitió ahora fallo definitivo.
La declaración de la Sociedad de San Columbano, de origen irlandés presentes en Chile hace más de 60 años, concluye: “los Columbanos, hemos recibido esta resolución, luego de más de 40 años, con la convicción de la necesaria búsqueda de justicia para con los familiares de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Finalmente, queremos seguir comprometiéndonos en la búsqueda de la justicia y verdad, desde nuestro compromiso pastoral con los más pobres y aquellos que fueron y siguen siendo víctimas de la violación de los derechos humanos en nuestra patria”.