Antes de octubre. Ese mes vence el plazo para que el Gobierno de Mariano Rajoy presente el listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998. De esta forma, dará cumplimiento a la proposición no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, y aprobada el 4 de abril en la Comisión de Justicia –tan solo con los votos en contra del PP y de Ciudadanos–, y que insta al Gobierno a reclamar aquellos bienes que hubiesen sido inmatriculados “fraudulentamente”. (…)
La batalla de la opinión pública
“No existe temor en la Iglesia por haber hecho las cosas mal con las inmatriculaciones. La mayoría de las diócesis tiene documentos que acreditan sus propiedades. Incluso tenemos un listado del Gobierno desamortizador de Madoz y Mendizábal donde el Estado reconoce cuáles son las propiedades de la Iglesia, y estas eran los templos de culto, las casas y los huertos de la parroquia. El temor que sí existe es a que, como en el siglo XIX, quieran convertir esta cuestión en una caza de brujas y ganen la batalla de la opinión pública, en el sentido de que todos los males vienen de lo que está en manos muertas, es decir, de las propiedades de la Iglesia”, indican a Vida Nueva desde una diócesis que, como tantas, se ha visto envuelta en problemas por esta cuestión.
“La Iglesia ha procedido a la inmatriculación de muchos de sus inmuebles en las últimas décadas porque antes no podía solicitarla. Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario prohibía expresamente la inmatriculación de templos destinados al culto católico, sin que esta prohibición se hiciera extensible a las demás confesiones religiosas; se trataba, por tanto, de una discriminación por razón de religión que, como tal, se excluyó del ordenamiento jurídico”, afirma Luis Javier Arrieta, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra. (…)
