La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús condenó el espionaje gubernamental realizado contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), luego de que The New York Times revelara que destacados periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el gobierno federal.
El reportaje del diario estadounidense, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, refiere que Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh, así como los abogados Santiago Aguirre y Stephanie Brewer han sido víctimas de espionaje por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través del software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, ya que de acuerdo con la investigación del diario, tres agencias federales mexicanas han gastado, desde 2011 a la fecha, casi 80 millones de dólares en programas de espionaje.
A través de un comunicado, la Compañía de Jesús destacó “los 29 años de invaluable trabajo del Centro Prodh en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad”, y señaló que ante las evidencias del espionaje en el contexto de la defensa de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en este sexenio, como Ayotzinapa, Tlatlaya y Atenco, “expresamos nuestro más contundente rechazo a estas acciones de hostigamiento y obstaculización contra nuestras hermanas y hermanos”.
Recordó que la labor los defensores de derechos humanos es fundamental para la preservación de un Estado democrático de derecho y el bienestar de la sociedad; “la labor del Centro Prodh ha hecho aportes invaluables en este sentido y para la vida cotidiana de las personas que diariamente sufren violaciones a sus derechos humanos”.
“Es verdaderamente lamentable que los defensores deban cuidarse de quien debe garantizar su labor, robándole tiempo a su verdadera vocación: la defensa de las personas más vulnerables de la sociedad”, añadió.
En este contexto, los jesuitas exigieron a las autoridades garantizar la “integridad y seguridad de los colaboradores del Centro Prodh; que se realice una investigación exhaustiva de este hecho ilegal y que se asegure que la información extraída de manera ilícita no será utilizada indebidamente”.
El mismo día de la publicación del reportaje, periodistas y activistas mexicanos presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por el caso de espionaje a sus teléfonos, y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según un posicionamiento leído en conferencia de prensa.
