La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifiesta su preocupación “ante la gravísima agudización de la violación de los derechos humanos y las libertades democráticas que sufren diferentes sectores sociales de la nación”.
El mensaje, publicado en la web de la CEV el pasado 16 de junio, está firmado por el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Roberto Lückert León, arzobispo emérito de Coro, y se inspira en la tradición sapiencial del pueblo de Israel: “La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia” (Prov 21,7).
Una de las mayores preocupaciones de dicha Comisión se fundamenta en la constatación de que “la mayor violencia la ejercen los organismos de seguridad, particularmente la Policía Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos que, usando armas prohibidas, reprimen manifestaciones de personas que reclaman respeto a las libertades democráticas y el restablecimiento del orden constitucional roto”.
El gobierno, principal transgresor
La situación del país, extremadamente crítica “en momentos en que el Gobierno, garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública, se ha convertido en su principal trasgresor”, se ha tornado social y moralmente injustificable, ante el aumento de episodios violentos en los que también han sido atacadas las residencias familiares de ciudadanos indefensos, “agrediendo sin distinguir localidades ni personas”.
Ante estas y otras irregularidades en las que también se desvelan graves carencias en los organismos de Justicia de la nación, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV expresa su “desacuerdo con el hecho público, notorio y comunicacional de la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales”, máxime cuando “ha sido utilizada indebidamente la justicia militar en las detenciones y procesos iniciados, en absoluta contravención con el artículo 49 de la Constitución”.
También la convocatoria a una Asamblea Constituyente “que niega y vulnera la progresividad de los derechos humanos”, incrementa la “situación de convulsión social y violencia”.
Garantizar los derechos humanos
De cara a los hechos de violencia y de injusticia, la Comisión de Justicia y Paz insta al Estado venezolano “a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional”, y pide al Ministerio Público tomar cartas en el asunto, para que los funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia –en el ejercicio de sus funciones– asuman sus responsabilidades, según lo dispuesto en la propia carta constitucional.
Con relación al poder judicial, se hace necesario el reconocimiento de las causas y los asuntos relacionados con las violaciones de derechos humanos, de modo que prevalezca “su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho”.
El mensaje de la Comisión de Justicia y Paz concluye con una exhortación “a todos los sectores a trabajar por la paz, la concordia social, el respeto irrestricto a la vida sagrada de todo ser humano y a orar en todos los ambientes clamando a Dios por Venezuela”.
