“Tan constitucional es que el Estado tenga que financiar como que no tenga que financiar. La Constitución no dice nada a favor ni en contra. Si no se firman acuerdo alguno, no se estaría violando la Constitución”. Bajo este presupuesto, José María Contreras Mazarío, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide, analizó la relación en materia económica entre el Estado y la Iglesia.
Lo hizo en el marco de los IV Diálogos de Yuste que celebra hoy la Universidad Pontificia de Salamanca en el monasterio donde pasó sus últimos meses de vida el emperador Carlos V.
“Nuestro sistema democrático se asienta en tres principios: principio de libertad religiosa, el principio de igualdad y el principio de laicidad”, recordó el que fuera director general de Asuntos Religiosos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Desde ahí se establecen las pautas de los poderes públicos y solo de los poderes públicos en relación al sistema religioso”, explicó Contreras Mazarío que se remitió a los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
“El Estado español no puede creer ni tener una religión, son sus ciudadanos los que creen y los que no creen. El Estado debe garantizar este derecho y debe cooperar para ello”, detalló. “La cuestión religiosa debe estar regulada sobre una ley común en la parte mayor y sobre acuerdos en lo específico de una confesión”, explicó refiriéndose, por ejemplo, al derecho a practicar el culto o al sistema de beneficios fiscales que, según Contreras Mazarío, deberían estar incluidos en una ley.
A partir de ahí desarrolló el actual sistema de asignación tributaria que data de 2007: “No fue nada fácil, pero hubo un buen hacer por ambas partes”. “El sistema funciona, aunque seguro que hay mecanismos de mejora”, comentó. Por ejemplo, explicó que la popular “X” a favor de la Iglesia católica no incluye, como en otros países, a otras confesiones religiosas. “Por una cuestión de justicia debe extenderse a las demás”, reclamó.
¿Privilegios de la Iglesia?
“Algunos autores lo señalan como un privilegio de la Iglesia católica. No estoy diciendo que sea culpa de la Iglesia católica, sino del Estado. El Estado tiene una pata que adolece. Si solo una persona tiene un derecho, es un privilegio”, comentó. De ahí, recordó que en 2005 se creó la Fundación Pluralismo y Convivencia para colaborar en la financiación de estas entidades. “Sería bueno que la Iglesia apoyara y promoviera esa extensión de la asignación tributaria al resto de confesiones”, propuso.
“Algunos partidos propugnan que en un estado laico como el nuestro, sería más razonable un sistema de impuestos a la alemana y no de asignación tributaria”, dejó caer.
Mirada internacional
El experto hizo un repaso de los diferentes modelos en los países del entorno, desde aquellos que destinan dotación presupuestaria a las confesiones (Noruega, Grecia, Luxemburgo o Bélgica) a los que cuentan con impuestos religiosos (como Alemania o Dinamarca), pasando por los sistemas de asignación tributaria (España, Italia, Hungría y Portugal), beneficios fiscales (Francia o EE UU) o rentas propias (Gran Bretaña).
“En todos los países hay sistemas de apoyo indirecta o indirectamente económicamente a las confesiones religiosas”, concluyó.
“La muy laica Francia sí financia la asistencia religiosa en ámbitos como el militar y el hospitalario. Además, el Estado corre con los gastos de la restauración de todos los bienes eclesiásticos previos a 1905, cuando se promulgó la ley de separación Iglesia-Estado”, recordó entre otros muchos ejemplos de cómo contribuyen las Administraciones Públicas a las diferentes confesiones religiosas.
