Desde que en Colombia se comenzó a hablar de paz se multiplicaron las preguntas: ¿por qué los mataron? ¿Cómo murieron? ¿Quién los mató? ¿Alguien les paga a los asesinos? ¿Quién es el autor intelectual? Los asesinos, ¿serán castigados? ¿quién reparará a las víctimas?
Desde los campamentos de la guerrilla también se escuchan las preguntas: ¿quiénes desaparecieron a más de 29.000 personas? ¿Quién estimuló esas desapariciones y el asesinato de los políticos de la oposición? ¿quién está detrás de los desplazamientos de 6 millones de campesinos? ¿Quiénes se apropiaron de 7 millones de hectáreas que cultivaban los campesinos? ¿Por qué fue posible que los paramilitares durante 30 años estuvieran cerca de los batallones? Estas son preguntas de Pablo Catatumbo que, como las primeras, dejan ver la urgencia de verdad que hay en Colombia. O dicho de otro modo: son demasiadas las preguntas que en Colombia están sin respuesta y que explican la creación de la Comisión de la Verdad, que acordaron los negociadores de las FARC y del Gobierno en La Habana al término del ciclo 37 de las conversaciones, el 4 de junio de 2015.
En ese momento –uno de los que hoy se recuerdan como de crisis de las conversaciones– se echaba de menos el esclarecimiento de lo ocurrido. La sociedad colombiana sólo parecía recordar los crímenes de la guerrilla o mirar con indulgencia los otros que eran los que poblaban la memoria y el discurso de los guerrilleros. También se sentía la necesidad de que unos y otros –subversión y población colombiana– reconocieran a las víctimas, las individuales y las colectivas.
Además, la verdad de todo esto debería servir de base para la convivencia en las regiones. Los intercambios entre la guerrilla y el Gobierno habían dejado la certeza de que se habían acumulado silencios y mentiras suficientes para hacer imposible esa convivencia.
Conocer la verdad de lo sucedido y aceptar las responsabilidades sobre esos hechos fueron los objetivos señalados a la Comisión que deberá ser, según los acuerdos, de naturaleza extrajudicial, constituida por 11 miembros, con duración de tres años y como un compromiso de las FARC y del Gobierno con los derechos de las víctimas. Se señaló que empezaría sus actividades cuando las dos partes firmaran el acuerdo final para el conflicto. O sea, que, silenciadas las armas, llegaría el momento de hacer hablar a la verdad. Suena retórico, pero es lo que se pretendió desde aquel momento.
Las reacciones
Al sociólogo Daniel Pécaut, conocedor como pocos del proceso colombiano, le pareció un paso importante aunque sorprendente por el momento en que se tomaba tal decisión: el conflicto seguía vivo y aún no se habían abordado en la mesa de negociaciones los temas fundamentales. Le sorprendió, además, porque al contrario de lo sucedido en los países que tenían Comisión de la Verdad, “en Colombia se conoce mucho de lo sucedido en el conflicto. El Centro de Memoria Histórica, agregó, tiene acumulado un conocimiento como no lo tuvo ningún país de América Latina cuando terminaron sus conflictos o sus dictaduras”. Sin embargo, previó la gran dificultad para la Comisión: “va a ser complicado su funcionamiento en esta sociedad tan polarizada”.
“Es un paso de muchísima importancia; (Gobierno y las Farc) han encontrado una ruta para salir del estancamiento de la negociación”, escribió el exministro Rudolf Hommes en su columna de El Tiempo.
El entonces procurador Alejandro Ordóñez vio en la Comisión “un intento para imponer una verdad oficial. Se quiere culpar a todos para exculpar a las FARC”.
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, respondió al temor del procurador: “Cada quien tendrá que responder por lo que hizo, dentro de su propia condición. Los actos recientes de terrorismo de las FARC no hacen sino añadir al largo catálogo de atrocidades por el que tendrán que dar cuentas”. Para Jaramillo “verdad es esclarecimiento, significa también reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidad”.
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