Entre el 21 y el 23 de julio, la ciudad cordobesa de Alta Gracia recibió a un nutrido grupo de agentes de pastoral que participaron del Encuentro de Espiritualidad Indígena del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Pero el lugar elegido para este encuentro cobró especial importancia en el ejercicio espiritual de esos días ya que quien los acogía era la provincia de Córdoba, territorio ancestral de los Comechingones y los Sanavirones.
En este ámbito, los participantes elaboraron un pronunciamiento ante el violento desalojo ocurrido el sábado 8 de julio en la Comunidad de Kokuere’i en la localidad de San Ignacio, Misiones, muy cerca de las históricas y “turísticas” ruinas jesuíticas.
“Queremos solidarizarnos en esta tarea de reconstruir la integralidad de su Comunidad”, afirmaron los firmantes. “Celebramos su fuerza, resistencia y además queremos sumarnos a la lucha desde donde ustedes proyectan la vida, en su territorios. Sabemos que esa fortaleza, les viene desde sus abuelos/as, y ese es un valor que nadie les puede quitar” continúa el comunicado.
“Desde la misión que tenemos como equipo pastoral, denunciamos estas actitudes claramente discriminatorias, de avasallamiento a los derechos”, añade el pronunciamiento.
Asimismo, el departamento de prensa de ENDEPA exigió al Estado “la protección y cumplimiento de los Derechos Indígenas, y el reconocimiento del territorio del que son parte”, y a la sociedad civil “que tenga respeto y compromiso con la diversidad que nos presentan los Pueblos Indígenas”.
Desidia y atropello
Imagen captada por un teléfono móvil durante el violento desalojo de la Comunidad de Kokuere’i
Tiki Ramírez, integrante de ENDEPA, comentó a la prensa que el 8 de julio cinco familias fueron desalojadas violentamente en cercanías de las ruinas de San Ignacio. Un grupo de delincuentes se presentó con machetes y motosierras en la aldea Tekoa Kokuere’i diciendo a los indígenas que debían dejar la propiedad. En seguida empezaron a destruir las chozas y a prenderlas fuego.
Esta acción, realizada sin orden judicial y con pleno conocimiento de la Ley Nacional que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas, fue inmediatamente informada al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Pero aún no se ha tenido ninguna respuesta.
Para ENDEPA, este hecho, silenciado en los grandes medios de comunicación, pone en evidencia no solo las políticas del gobierno provincial hacia los indígenas, sino la ignorancia y el desinterés de la sociedad argentina por las causas que abrazan los pueblos originarios. Asimismo, llama la atención las frecuentes asociaciones entre empleados municipales y los “supuestos” propietarios de las tierras para intentar lastimar, atropellar y despojar a las comunidades originarias de los derechos que tienen como pueblos preexistentes.
