La madrugada del pasado 25 de julio estalló un artefacto explosivo en la puerta principal del edificio administrativo de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); un día después, un grupo auto catalogado como “anarco-feminista” se atribuyó la autoría de los hechos. Sobre este acontecimiento, habla para Vida Nueva Digital el Dr. Samuel González Ruiz, asesor internacional en materia de Seguridad Pública y Delincuencia Organizada.
Samuel González, quien también es abogado de organizaciones que defienden a víctimas del delito, explicó que ataques como el que sufrieron las instalaciones de la CEM en la Ciudad de México se deben principalmente a la impunidad que se vive en el país, pues quienes cometen este tipo de acciones saben que no va a pasar nada. “Por desgracia –añadió– cuando la impunidad existe, no hay nadie que esté a salvo, no importa que sean periodistas, mujeres o sacerdotes”.
Como experto de las Naciones Unidas en actividades relacionadas con los sistemas de justicia penal a nivel internacional, explicó que la impunidad en México ha alcanzado un nivel muy alto debido particularmente a la mala implementación de las políticas de seguridad pública y a la corrupción de los cuerpos policiacos, jueces, fiscales, etc. “Los policías, por ejemplo, no tienen liderazgo y por lo mismo no pueden dar buenos resultados; los vemos en huelgas de brazos caídos. Y en los ministerios públicos los jueces atentan muchas veces contra los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, porque nada más ven por los derechos de los imputados”.
Advirtió que mientras no se haga una reversión profunda de las causas que provocan la impunidad y éstas se corrijan –mejorando así las sanciones penales– “en México no habrá ni seguridad ni justicia, y como consecuencia no vamos a estar seguros”.
Odio y violencia en el ataque
Tras señalar que desconoce si el grupo denominado Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria Coatlicue, que se adjudicó el ataque, es real o una falsedad, señaló que lo que jamás se debe permitir es que se utilicen artefactos explosivos para amedrentar a alguien, pues este tipo de actos causan un grave daño a la sociedad, sobre todo en el ámbito de la tolerancia.
Sobre si lo que provocó el ataque fue el odio a la Iglesia –como afirmó el Subsecretario de Asuntos Religiosos del Gobierno Federal–, o la “incontenible violencia” que azota al país, como opinan otros actores, el experto consideró que él percibe ambas cosas.
Por otra parte, lamentó que actualmente los ataques a ministros de culto, periodistas, defensores de derechos humanos, etc. comiencen a verse como algo normal: “Es muy importante que no nos acostumbremos y veamos estos ataques como normales, sino que salgamos a protestar porque el Estado nos debe garantizar la seguridad”, dijo.
¿Sacerdotes con guardaespaldas?
En este sentido, y ante la negativa del Secretario Ejecutivo de la CEM, monseñor Alfonso Mirando Guardiola de que la Iglesia solicite al gobierno protección, –dijo– “los sacerdotes no pueden salir con guardias, no es su estilo de vida ni su vocación”.
Samuel González explicó que es importante evaluar de qué otra manera se les puede brindar seguridad a los sacerdotes, pues ésta puede realizarse por medios técnicos, como son las cámaras de vigilancia, o medios de prevención: “los señores obispos –por ejemplo– deben estar atentos a lo que ocurre a su alrededor, y reportar de forma inmediata a la policía cuando algo suceda; ésta, a su vez, tiene la obligación de llegar rápido al lugar donde esté ocurriendo el conflicto y brindar las medidas de protección necesarias”. Aclaró: “no es necesario que los obispos tengan guardias de seguridad, a menos que se hiciera un análisis de riesgos y se concluyera que eso es lo conveniente”.
Finalmente, Samuel González, quien también fuera cónsul de México en España, consideró que ante la impunidad, la sociedad tiene que ser más participativa, exigir justicia y seguridad: “tenemos que exigir el fin de la impunidad con pleno respeto a los derechos humanos de todos; no sólo los imputados tienen derechos, como creen los ‘pseudogarantistas’ o ‘hipergarantistas’, también las víctimas y la sociedad tienen derecho, y uno que es fundamental es el derecho a la seguridad”.
