Indefensión del clero ante las extorsiones

Un sacerdote de Almería denuncia ante la policía una extorsión. “O me das dinero o te denuncio por abusos”. Así lo amenazaron. Y no es la primera vez que ocurre en una diócesis española. Un total de cuatro obispados se han enfrentado a casos similares en los últimos años.

¿Existe algún protocolo a nivel diocesano? La realidad es que no, como ha podido comprobar Vida Nueva preguntando a las diócesis afectadas.

“Cuando ocurrió, aprovechamos una reunión del clero para poner el caso encima de la mesa y que los curas estuvieran informados de esta nueva práctica”, indica una fuente diocesana a Vida Nueva. En la Iglesia no hay “preocupación”, porque consideran que los sacerdotes están bien informados. Y se les pide “prudencia sin dejar de vivir la caridad”. Y es que, “la caridad y la prudencia son obligaciones pastorales”, añade la misma fuente.

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El modus operandi

El modus operandi de este tipo de extorsión siempre es el mismo. Una familia –en todos los casos conocidos han sido de origen rumano– envía a las puertas de la Iglesia a un menor de edad. Allí pide dinero. También al cura, quien comienza a darle algunas monedas. De aquí se pasa a darle comida o incluso invitarle a sentarse en la mesa junto a él. Más adelante, con la confianza de quien se preocupa por el prójimo, se le ofrece el baño de la casa parroquial para asearse. Entonces, el menor se saca una fotografía sin ropa. Con la imagen, ya hay coacción posible. Y la madre del menor aparece con la amenaza: dinero o denuncia por abusos. Con la intención de evitar un escándalo, el cura accede a darles dinero, que, aunque en cantidades no muy grandes, dilatado en el tiempo se traduce en un importante botín.

¿Qué deben hacer los sacerdotes que se encuentran ante un caso así? “Sin duda, el mejor consejo es denunciarlo”, responde tajante Juan Ramón Alonso, abogado de Alter Consultores, especialistas en entidades de Iglesia. “Cuando asistimos al conocimiento –continúa–, por cualquier medio, de la comisión de un delito, los ciudadanos tenemos la obligación de denunciarlo al Juzgado, ante el Ministerio Fiscal o ante las Fuerzas de Seguridad”.

Además, “desde un punto de vista absolutamente práctico, en ambos casos, la amenaza o intimidación no finaliza con el primer, ni posteriores pagos. Habitualmente, el delincuente prosigue hasta el punto de hacer insoportable la situación para la víctima, a la que no le queda otro remedio que hacerlo público en un momento mucho más gravoso y delicado para su crédito y situación general”. (…)