Las cifras son demoledoras. Según el último informe global de Naciones Unidas se detectaron 63.251 víctimas del tráfico de personas en 106 países. Mujeres y niñas representan el 70% del total de víctimas detectadas. Es cierto que en la última década ha aumentado el número de países que han criminalizado la trata.
Hoy 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Iglesia se suma a cuantas iniciativas se ponen en marcha para recordar, como en más de una ocasión ha señalado el Papa, “constituye un auténtico crimen contra la humanidad”.
Así lo certifica también la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), que aglutina a las congregaciones católicas religiosas de todo el planeta. “La trata de personas es un crimen contra la humanidad, una herida abierta en nuestro mundo, que necesita ser sanada y que debe ser abordada con eficacia, todos juntos”.
A través de la campaña #EndHumanTrafficking, detallan que “las personas son víctimas de la trata,tanto en contextos locales, como a través de las fronteras internacionales, para la servidumbre doméstica, la explotación sexual y laboral, la mendicidad, el matrimonio forzoso, la extracción de órganos, la gestación subrogada y actos delictivos”.
Vulnerabilidad permanente
De esta manera, centran su mirada en los migrantes y refugiados, como “las personas más vulnerables a la trata ya la explotación, tanto durante sus desplazamientos, como cuando llegan a sus países de destino”. Así, explican que “su vulnerabilidad se ve exacerbada, por los cierres de fronteras y la falta de vías legales y seguras para la emigración”, una situación de la que sacan partido “contrabandistas y traficantes, que buscan explotar esas terribles circunstancias”.
A partir de ahí, la USIG reclama un plan de acción para los gobiernos y las autoridades internacionales en el que exigen, entre otras medidas, ratificar los protocolos internacionales en relación a esta materia para garantizar “una emigración segura, legal y responsable” de acuerdo a los compromisos firmados en la Agenda2030 (2015) y en la Declaración de Nueva York (2016).
También demandan mejorar los servicios de protección y apoyo a los supervivientes de la trata que sean desplazados, especialmente mediante la concesión de permisos humanitarios de residencia a largo plazo, así como garantizar que las personas que trabajan con inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, reciban capacitación, sobre métodos para identificar a las personas víctimas de la trata y respetar los derechos humanos.
Las religiosas también se dirigen al ciudadano de a pie y a los católicos que trabajan directamente con migrantes y refugiados para pedirles que fortalezcan “las iniciativas que buscan identificar y apoyar a las víctimas de la trata, especialmente en las regiones fronterizas y en los campamentos de refugiados” con una “protección cualificada y acceso a la justicia, independientemente de su condición”.
También hacen un llamamiento a trabajar en red, coordinados actividades de prevención con ACNUR y otras entidades que lleven a “incluir a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos para establecer y monitorear planes nacionales contra la trata”.
Una amenaza en España
Nuestro país no es ajeno a este drama. En España en 2016 según fuentes del Ministerio del Interior se identificaron 148 personas por Trata de Seres humanos con fines de explotación sexual de 12.419 personas detectadas en riesgo. 11427 personas fueron identificadas en situación de riesgo con fines de explotación laboral, de las que 25 fueron finalmente casos de Trata de Seres Humanos laboral.
Esta denuncia activa de la Iglesia se concreta en nuestro país en iniciativas como el proyecto Esperanza, promovido por las religiosas adoratrices, que ha atendido en lo que va de año 105 llamadas atendidas en relación con posibles casos de trata. De esas llamadas atendidas han detectado 71 posibles víctimas de trata, de las que se han abierto 43 expedientes nuevos. Se ha dado ya una acogida residencial a 26 casos nuevos de tráfico de personas.
Las adoratrices se suman a este grito eclesial para recordar que los derechos de las víctimas “deben ocupar el lugar central de toda actuación” ante esta “esclavitud del siglo XXI”. “Los Estados tienen la obligación, con arreglo al derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen y ayudar y proteger a las víctimas de ella”, recuerdan desde el Proyecto Esperanza.
