Los acontecimientos se ha disparado en las últimas horas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Tras publicar varios medios que en la noche entre el lunes 31 de julio y el martes 1 de agosto se había producido en él un “motín” protagonizado por 86 internos que, según la versión de los sindicatos policiales, se debía a que estos estarían a punto de ver materializada su expulsión, Vida Nueva pudo confirmar, a través de una fuente bien informada, que el motivo sería otro muy diferente: se trató de una protesta en solidaridad por el trato recibido por un interno al que la policía redujo con violencia antes de ingresarlo en una celda de aislamiento.
SOS Racismo ha hecho público en la mañana de hoy jueves 3 de agosto un comunicado en el que denuncia que el interno maltratado en la noche del 31 al 1 lo fue por tres policías que no llevaban la placa identificativa, lo cual incumpliría la normativa vigente.
Igualmente, al día siguiente, se le negó el requerido informe médico que debía haber recogido sus lesiones. Pero nada de esto podría comprobarse…
Y es que, como advierte SOS Racismo, tanto esta persona como otros internos que fueron testigos de los hechos han recibido la notificación de que serán expulsados esta madrugada. Si esto se confirma, el caso quedaría sin resolución.
13 menores en el Centro
Más allá de la causa de la protesta (en los últimos meses ha habido varios episodios similares en este y otros CIE de toda España, denunciando los internos ser víctimas de hacinamiento, maltratos o desconocimiento de su situación jurídica), esta ha tenido una importante consecuencia para las autoridades responsables del CIE madrileño. Según informa El País, en la misma jornada del martes 1, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó la instalación para conocer de primera mano la situación.
Y, para su sorpresa, se encontró con que entre los internos había 13 menores de 16 años, que por ley no deberían estar en un CIE y sí en un centro para menores. Por ello, así lo denunció ante el Fiscal General del Estado.
