Las desapariciones forzadas en México se agravan por la indiferencia de la sociedad

Se llama Consuelo Gloria Morales Elizondo y pertenece a la Congregación de Notre Dame, Canónigas de San Agustín. En 1993 fundó, junto con otras personas, la asociación Ciudadanos en Apoyo de Derechos Humanos (CADHAC), con sede en Nuevo León, para atender problemáticas sociales relacionadas con los abusos a los derechos humanos, principalmente la desaparición forzada.

En entrevista para Vida Nueva Digital, la hermana Consuelo, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, explica que lo que los llevó como equipo a acompañar y apoyar a familiares de personas desaparecidas fue el verlos llegar a sus oficinas, buscando desesperadamente ayuda tras no haber tenido respuesta de las autoridades.

“De acuerdo con testimonios de los familiares, muchas de las desapariciones están relacionadas con la delincuencia organizada. Algunos fueron levantados en camionetas, otros más detenidos por policías al servicio de algún grupo delincuencial, y muchos otros simplemente desaparecieron mientras se dirigían a su trabajo o escuela”, refiere.

Para la hermana Consuelo, el Premio Nacional de Derechos Humanos que le entregó hace dos años el presidente Enrique Peña Nieto significó el reconocimiento, por parte del Estado, de esta terrible problemática: “Lo que hemos hecho es actuar ante la desolación, la impotencia y la rabia de cientos de familias que acuden a nosotros buscando que alguien los escuche y les crea; alguien que los acompañe ante la autoridad para pedir justicia”.

México debe enfrentar solo este problema

A principios de junio, la hermana Consuelo sostuvo un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel, quien le manifestó su interés por conocer esta difícil realidad desde la óptica de la sociedad civil. La política alemana reconoció el trabajo de CADHAC, pero nos hizo ver que el futuro del país está únicamente en las manos de los mexicanos y mexicanas.

Recordó que uno de los casos de desaparición forzada que más le ha impactado es el de un joven llamado Israel: “su mamá supo que agentes de tránsito del municipio de Juárez, Nuevo León, tras haberlo detenido, junto con sus amigos, se los llevaron a bordo de unidades policiales a la comandancia, pero jamás llegaron ahí. Después supimos que quienes los detuvieron eran miembros del crimen organizado que se habían hecho pasar por policías. Después de algún tiempo se logró la detención de algunos de ellos, pero no supieron dar información del paradero de Israel y de sus amigos, sólo dijeron que los habían entregado a los Zetas”.

Asegura la religiosa que los siguen buscando incansablemente: “gracias a que en su momento las autoridades se comprometieron con las familias, al día de hoy hay varios detenidos y sentenciados, pero lamentablemente todavía se desconoce el paradero de los jóvenes”.

Urge una respuesta coordinada

Para la hermana Consuelo, por desgracia tuvo que explotar en todo México esta terrible realidad para que el Estado atendiera los reclamos de miles y miles de familias.

Sin embargo –dijo– para que esta atención sea efectiva, es necesario “poner a las víctimas en el centro de toda acción y realizar un trabajo conjunto y coordinado entre familiares, autoridades y organizaciones no gubernamentales, dejando de lado los prejuicios; también es necesaria la voluntad política que se manifieste en un mayor presupuestos para realizar un trabajo serio con laboratorios, detenciones, sentencias, etc.”

Consideró que un grave error fue el haber sacado a los militares a las calles a realizar labores de seguridad pública, desnaturalizando su esencia, pues además de exponerlos a situaciones para las cuales no tienen la capacidad, los orillaron a cometer graves violaciones o delitos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras. “Se requiere regresar paulatinamente a los militares y marinos a sus cuarteles, regresarles la esencia de su misión”, consideró.

Algo fundamental –dijo– es establecer grupos debidamente capacitados en todos los estados para realizar búsquedas inmediatas en el momento en que una víctima sea reportada. “También hay que recordarle a los Ministerios Públicos que son actores clave para enfrentar esta problemática, y dotarlos de las herramientas para que puedan cumplir con su misión.

El delito en cifras

Consuelo Morales se refirió también a las cifras de desaparecidos en México, según el CADHAC: “de 2009 a 2017, tenemos un registro de 433 casos, correspondientes a un total de 1,396 personas desaparecidas, de las cuales 1022 son del estado de Nuevo León, 328 de Tamaulipas, 31 de otros estados, y 15 no se sabe. De éstas se han localizado 168 personas, 74 vivas y 94 identificadas por perfiles genéticos; 160 del estado de Nuevo León y 8 de Tamaulipas. Correspondiente a estas desapariciones se tienen 63 consignados, de los cuales 18 eran policías”.

Para la hermana Consuelo no se puede hablar sólo de cifras, ya que “detrás de cada número hay tragedia y desolación, que se agrava cuando la víctima es quien aportaba los recursos para el sostenimiento de la familia: “cuando esto ocurre, los niños y niñas terminan por abandonar los estudios, la familia por rematar su casa, y los abuelos por cuidar a los pequeños. Aunado a esto, la omisión, la burocracia y la indiferencia, tanto gubernamental como de la sociedad en general, hacen que la armonía y la paz se vean como algo cada vez más lejano en México”.

Finalmente, la hermana Consuelo afirmó que México, incluso “sin estar en guerra, tiene una cantidad inmensa de personas desaparecidas. En este país pareciera que la violencia, el narcotráfico, la trata de personas y las ejecuciones han tomado la última palabra… pero no, el amor inmenso e incansable de las madres, padres, hijos, a quienes la violencia les ha arrebatado a sus seres amados, es el motor que nos hace despertar cada día, y pesar de su dolor nos hace seguir buscando y abriendo caminitos de esperanza”.