Este jueves, la Arquidiócesis de México dio a conocer que el pasado 26 de julio, frente a la agente del Ministerio Público, Susan García, el cardenal Norberto Rivera Carrera declaró que, a partir del 2010, tras la entrada en vigor del artículo de la Ley de Asociaciones Religiosas que obliga a los ministros de culto y a sus representantes a informar a la autoridad correspondiente sobre la probable comisión de delitos, tuvo conocimiento de la probable comisión de seis hechos presuntamente delictuosos, mismos que fueron denunciados en su momento ante las autoridades.
Fue el 2 de junio pasado cuando los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del Arzobispo de México por el presunto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas, según lo habría reconocido el propio cardenal Rivera Carrera en un desayuno con reporteros de la fuente religiosa en diciembre del 2016. La denuncia contra el Arzobispo de México fue en el sentido de que no habría dado aviso puntual de estos casos ante la autoridad ministerial.
Al respecto, el líder de la Iglesia en la Ciudad de México explicó a la agente del Ministerio Público que efectivamente fueron suyas aquellas declaraciones, pero al tratarse de una entrevista improvisada, le faltó precisar que no todos los casos a los que se refería tenían que ver con el delito de pederastia.
Ante la autoridad ministerial –según informó la Arquidiócesis de México– el Arzobispo presentó copias de las denuncias en contra de dichos ministros, que en su momento fueron interpuestas por algunos de sus Vicarios Episcopales y otras por representantes legales, “con lo cual queda demostrado que no incurrió en el delito de encubrimiento”, señaló.
Según consta en los documentos presentados ante la agente del Ministerio Público, la primera denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por Mons. Jorge Estrada Solórzano, Obispo Auxiliar de la V Vicaría Episcopal, el 12 de abril de 2014; la segunda, por Mons. Adolfo Miguel Castaño Fonseca, Obispo Auxiliar de la III Vicaría, el 14 de noviembre de 2016; la tercera fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por Diana Alejandra Pérez Rodríguez, Apoderada Legal de la Arquidiócesis, el 15 de febrero de 20017; la cuarta ante la PGJDF por Alberto Antonio Zapata Verástegui, Apoderado Legal de la Arquidiócesis, el 27 de febrero de 2017; y la quinta y la sexta también ante la PGJDF, por Mons. Crispín Ojeda, Obispo Auxiliar de la VI Vicaría, el 25 de mayo y el 16 de junio de 2017, respectivamente.
El cardenal Norberto Rivera explicó que hubo otros nueve casos anteriores a la entrada en vigor del artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, de los cuales sólo uno está relacionado con el delito de pederastia, “y el acusado está siendo enjuiciado penalmente por la información que la Arquidiócesis proporcionó a la autoridad ministerial”; los otros ocho casos habrían sido por conductas sancionadas por la Ley Canónica, “como defraudación financiera, maltrato a un adulto, revelación del secreto de confesión y otros que fueron hechos del conocimiento de las autoridades eclesiásticas”.
Finalmente, respecto a los casos que se hicieron del conocimiento de las autoridades civiles –señaló el Arzobispado– corresponde sólo a éstas darles seguimiento.
