Los venezolanos en situación de reclusión –incluyendo los presos políticos–, la persecución contra ciudadanos que disienten del gobierno de Nicolás Maduro, y los maltratos que envuelven las acciones de detención, han dado lugar al más reciente pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), “frente a tantos atropellos”.
El comunicado, firmado por el obispo presidente de la comisión, Roberto Lückert León, y por el presbítero vicario general de la misma, Saúl Ron Braasch, se produjo el día de ayer, 10 de agosto, ante “la situación de los presos políticos y presos comunes, evidenciada en las denuncias de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones”.
Irregularidades en el sistema penitenciario
Las irregularidades denunciadas por el organismo eclesial van desde los tratos crueles e inhumanos que caracterizan las prácticas de detención, traslado y la propia realidad de los centros de reclusión, hasta las infraestructuras anti higiénicas, la alimentación precaria,la carencia de medicamentos, la ausencia de asistencia jurídica, las fallas en el debido proceso, el derecho a ser procesado por jueces naturales, las trabas en las visitas de los familiares, y la falta de asistencia médica, “todos estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente”, dice el comunicado.
Ante esas circunstancias, la Comisión de Justicia y Paz pide a las instancias públicas el cumplimiento y la garantía de tales derechos, así como “el deber irrenunciable de restablecerlos sin demora”.
¡Cese la cacería de brujas!
Aún más, “esta comisión exige el cese de la persecución, a la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia con estos ciudadanos”, y que “cese la ‘cacería de brujas’ contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen”.
De manera particular, se solicita que “se le informe a la familia del general [retirado]Raúl Isaías Baduel su paradero y su estado de salud”.Baduel, reconocido líder de laoposición,fue llevado de su casa en la madrugada del 8 de agosto por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según ha denunciadosu familia ante los medios de comunicación y en las redes sociales.
Ante estas y otras arbitrariedades, el organismo de la CEV invita a “todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad, no solo a orar por los que sufren sino por los que vulneran estos derechos humanos” y los anima a“denunciar públicamente a los funcionarios que los violen, exigiendo el restablecimiento de un equilibrado Estado de derecho que garantice los derechos fundamentales consagrados en la carta Magna aún vigente”.
