La comisión australiana responsable de investigar y poner coto a los abusos sexuales en el país ha dado a conocer un informe en el que recomienda una reforma del sistema penal para promover la tolerancia cero contra los pederastas.
Entre las 85 medidas que plantea el informe “Justicia Criminal” de la llamada Roya Commission, se incluye la propuesta de imponer sanciones penales a aquellos que, conociendo algún caso, no lo denuncien, incluyendo en este caso a los sacerdotes que hayan tenido conocimiento de algún caso a través del sacramento de la reconciliación.
La comisión, creada en 2012, busca frenar esta lacra de la que la Iglesia no permanece al margen. De hecho, según un estudio elaborado por la Conferencia Episcopal de Australia, han recibido denuncias de 4.500 personas por presuntos abusos entre 1980 y 2015.
Ninguna excusa
El documento explicita literalmente que no se otorgará “ninguna excusa, protección o privilegio a los sacerdotes que no alerten a la policía de delitos por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión”. El texto de la comisión se hace eco de casos “en ambientes religiosos en los que los agresores hicieron una confesión sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón”.
De prosperar la medida, habría que ver cómo se conjugaría el mandato legislativo civil con el Código de Derecho Canónico que subraya que “el sigilo sacramental es inviolable” por lo que “está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún otro motivo”. Aunque no hay excepciones a esta norma canónica, el sacerdote está llamado, en caso de un delito, a ayudar al penitente a enfrentar su pecado y desde ahí promover que actúe con coherencia.
En caso de tener que responder en un juicio, el confesor en principio estaría exento de responder y la incapacidad de ser testigo. Por ello, el director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia Católica, Francis Sullivan, dijo que si las recomendaciones se convierten en ley, los miembros del clero se verán obligados a “obedecer la ley o sufrir las consecuencias”.
