El municipio de San Fernando, en el estado fronterizo de Tamaulipas (México), es tristemente conocido a nivel mundial por la masacre de 72 migrantes ocurrida en el 2010. Este martes se cumplen siete años de aquel hallazgo, en una bodega del ejido de El Huizachal, de 58 hombres y 14 mujeres, de Centro y Sudamérica, quienes fueron cruelmente asesinados por no haber pagado al crimen organizado el dinero que les exigían por su liberación.
La religiosa scalabriniana Leticia Gutiérrez Valderrama, reconocida en el país por su trabajo en favor de los migrantes, asegura que esa horrenda masacre sigue impune, pues no hay ningún criminal sentenciado ni en prisión, ni tampoco ningún funcionario de gobierno, pues el Estado también fue responsable, ya que hizo caso omiso a las advertencias y denuncias que hubieran podido evitar aquella tragedia.
La hermana Lety Gutiérrez, quien participará este martes en el conversatorio “A 7 años de la masacre de migrantes en San Fernando Tamaulipas”, en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, recordó en Facebook que eran las 5:30 de la mañana cuando escuchó en las noticias que habían encontrado 72 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, pero la noticia era muy de madrugada, y no se tenía claridad de quiénes eras los muertos.
“Alrededor de las 9:00 horas, cuando llegaba a las oficinas de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, mi teléfono no dejaba de sonar para confirmarme que los ahí abandonados eran migrantes, un acontecimiento que siempre vivirá en mi mente y corazón”.
Para la religiosa, quien este año obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”, los migrantes fueron asesinados por el crimen organizado, pero también por la omisión del Estado mexicano “que escuchó nuestras denuncias de la criminalidad con la que estaban siendo secuestrados, torturados, amenazados y asesinados”.
Y es que –dice– desde el 2007 “comenzamos a recoger testimonios de las golpizas que los miembros del crimen organizado les propinaban a los migrantes, de la colusión de policías y agentes migratorios que los entregaban a estos grupos criminales o los dejaban tirados en las puertas de las Casas del Migrante como guiñapos humanos para que los curáramos”.
“Pero el Estado no quiso escucharnos, y no hizo nada por proteger a una población migrante cada vez más vulnerable”, lamentó.
Sin freno, los abusos contra migrantes
A principios de este mes, monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, responsable de la Dimensión Episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana, reconoció a través de un comunicado publicado en la página web de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que siguen apareciendo noticias de daños sufridos por los migrantes durante su trayectoria hacia los Estados Unidos, en busca de una vida digna y un auténtico desarrollo.
“Nos preocupa la vergonzosa realidad de muchos lugares de nuestro país dañados fuertemente por la corrupción, la mentira, la falta de respeto a la persona en su dignidad como hijo de Dios; nos duele el silencio ante la violencia y la impunidad que están sobrepasando a las instituciones religiosas, sociales y civiles”, aseguró.
El también Obispo de Cuautitlán, una de las diócesis con mayor presencia de migrantes –al ser punto clave en el centro del país para dirigirse hacia el norte– hizo un llamado a fortalecer la identidad de Iglesia comunión y misión, y aseguró que no basta con denunciar una realidad que todos conocemos y rechazamos. “Busquemos caminos que, en red por la solidaridad y la verdad, fundamentados en la caridad de Cristo que nos urge, caminos de paz y promovamos su reinado de justicia”, concluyó.
