Desde Belén, en la Amazonía brasileña, los obispos de los Estados de Pará y Amapá han levantado su voz para rechazar “el reciente decreto presidencial sobre la extinción de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), emanado sin ninguna consulta previa de los pueblos directamente afectados como prevé la Constitución Federal”. El decreto del Gobierno brasileño afecta una de las mayores reservas naturales del planeta –en una extensión de 46.450 km2– y repercute directamente sobre las comunidades tradicionales que habitan en estos dos Estados.
Un golpe contra la Amazonía
“Es un golpe más contra la Amazonía”, lamentan los quince obispos del Regional Norte II de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), en una nota divulgada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de Brasil, al concluir la reunión celebrada (del 28 al 31 de agosto) en la capital del Estado de Pará.
Durante el encuentro, los obispos centraron su mirada en “la realidad preocupante en la que se encuentran los pueblos indígenas, quilombolas y otros grupos tradicionales”, cuyos derechos “están seriamente amenazados por la Propuesta de Enmienda Constitucional 215/2000 que pretende pasar la decisión final de la demarcación de tierras indígenas del Ejecutivo al Legislativo, y frente a la Acción Directa de Inconstitucionalidad No. 3239, que prevé la Ley del Marco Temporal para definir el límite de tiempo para la ocupación y el reconocimiento de las tierras indígenas y cuestiona la existencia de los territorios quilombolas”.
De igual forma, al referirse al polémico caso de la extinción de la RENCA, los obispos brasileños denuncian –como ya lo han hecho la REPAM-Brasil y la Comisión Episcopal para la Amazonía de la CNBB– que “los proyectos de minería y agronegocio, de la manera como vienen siendo implementados en la Amazonía, traen consecuencias desastrosas e irreversibles para el medio ambiente y para los pueblos que habitan esa región”.
La Iglesia llama a la resistencia
Conscientes del riesgo inminente de “extinción física y cultural” de los pueblos que habitan la Amazonía, y del peligro de “destrucción y ruina” en el que se encuentra la región amazónica, la Iglesia llama a la resistencia: “Como pastores de la Amazonía no podemos callar frente a los desmanes gubernamentales y convocamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a oponerse a las continuas embestidas contra la Amazonía y sus pueblos”.
Diversas organizaciones, ambientalistas y numerosos miembros de la sociedad brasileña también se están movilizando en defensa de la Amazonía. Para presionar a los políticos a posicionarse a favor de la Amazonía, Greenpeace ha creado la plataforma 342amazonia.org. “342 es el número de diputados necesarios para apoyar cualquier proyecto en el Congreso”, se expresa en el vídeo promocional de la campaña difundida a través de las redes sociales con el hashtag #342amazonia.
Ante las duras críticas que enfrenta el gobierno, el 31 de agosto –exactamente una semana después de decretarse la extinción de la RENCA– el ministro de Minas y Energías, Fernando Coelho Filho, anunció la “paralización de todos los procedimientos relativos a eventuales derechos mineros en el área”, determinando un plazo de 120 días para presentar “al Gobierno y a la sociedad civil” una nueva propuesta y “eventuales medidas de promoción de su desarrollo sustentable, con garantías de preservación”, como recoge la BBC Brasil. La medida de suspensión, sin embargo, no asegura la revocatoria definitiva del decreto presidencial.
