“En 2010 no había protocolos, no estaba claro cómo proceder. Nosotros consultamos a dos personas autorizadas y ellas nos recomendaron que si las víctimas no denunciaban, nosotros no interpusiésemos nada. Según eso procedimos. A posteriori, nos dimos cuenta de que la actuación no fue la correcta y hemos pedido perdón”, explicó Mariano Varona, delegado provincial para la protección de menores de la Congregación Hermanos Maristas, por la demora de siete años en denunciar los presuntos abusos sexuales que durante décadas habría cometido uno de sus religiosos, en al menos dos colegios de la congregación.
Se trata de Abel Pérez Ruiz, hoy un marianista de 70 años, profesor y vicerrector en colegios de Santiago entre los años 1970 y 2008, cuando habría cometido los abusos. Según Varona fue el mismo Abel Pérez quien el año 2010 reconoció a las autoridades de la congregación su conducta que habría afectado a 14 víctimas menores de edad. Como consecuencia de esto, Pérez fue alejado de toda relación con niños y jóvenes asignándolo a labores administrativas y desde febrero pasado se encuentra en Lima, Perú. La causa penal está siendo investigada por la Fiscalía Sur.
Abel Pérez Ruiz
La conmoción provocada por estos hechos en las familias de estudiantes de colegios maristas del país llevó a realizar asambleas para abordar la situación con los padres y apoderados. En Rancagua, el Instituto O’ Higgins fue escenario de una reunión, presidida por su director, Pedro Díaz, con más de 500 personas claramente afectadas por las noticias ya que el hermano Abel Pérez trabajó en este colegio por varios años. Varios testimonios de los presentes expresaron ser parte de una tradición marista heredada por sus padres y que ahora traspasaban a sus hijos por lo que reclamaron máximo rigor, pidiendo que “no debe existir la protección al abusador por parte de la congregación y esta persona no debe estar en sus dependencias ni contar con recursos de ella ni que tampoco se le brinde protección legal alguna”.
Procedimientos claros
La gravedad de varias denuncias de abuso sexual contra sacerdotes hacia el año 2000 suscitó que el Episcopado chileno aprobara en 2003 un primer protocolo para hacer frente a estas situaciones, el cual fue actualizado y complementado en 2011 y en mayo de 2015 difundió el documento Cuidado y esperanza. Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad, aprobado por la Asamblea Plenaria de Obispos y revisado por la Santa Sede. Ofrece procedimientos claros y coordinados en el manejo de los casos de abuso, tanto para asistir a las víctimas como para formar a la comunidad eclesial en la protección de los menores de edad.
En 2011 la Asamblea Plenaria de los Obispos aprobó la creación del Consejo Nacional de Prevención para “orientar y dirigir políticas de prevención sobre abusos sexuales a menores de edad y ayuda a las víctimas”, teniendo como prioridad absoluta la protección de los menores de edad y de los adultos vulnerables.
Son estos antecedentes los que provocaron la reacción crítica del presidente de ese Consejo Nacional de Prevención y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien señaló: “no me corresponde a mí, como obispo, que desconozco la información cabal sobre este caso particular, afirmar o negar que la actuación de la autoridad haya sido un error. Pero admito que causa extrañeza conocer una actitud tan decidida con una tardanza tan incomprensible”.
Coherencia con el Evangelio
Alejandro Goic
Goic agregó que la preocupación de la Iglesia en estos casos “es por la coherencia con el Evangelio que predicamos. Más allá de la impresión que demos, nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública”.
Respecto de si Pérez debería regresar de inmediato a Chile, el obispo dijo que el caso “está en una instancia judicial, y será la ley la que determine las condiciones en las que esta persona deberá enfrentar la acusación. Lo correcto es que las personas y las instituciones de la Iglesia demos garantías de que no hay lugar en la vida consagrada para quienes abusan o dañan la integridad de niños, niñas y jóvenes”. Y agregó: “esas garantías comienzan por la prevención, generando ambientes sanos y seguros, de horizontalidad, respeto y cumplimiento de mínimos estándares. Esas garantías también se ponen al trasluz cuando conocemos relatos, signos, sospechas, denuncias y, como institución, ofrecemos a las personas que denuncian acogida y oportunidades para que, sin riesgo de revictimización, se les pueda asegurar una investigación pronta. Lo mismo respecto de la comunidad. Hemos insistido en nuestra formación a las comunidades educativas que es necesario actuar con la mayor transparencia y claridad. Eso significa abordar el asunto diligentemente, con claridad y oportunidad”, concluyó.
