Forma parte de sus proclamas, de sus mensajes recurrentes en campaña y fuera de ella. También de constantes preguntas e intervenciones parlamentarias. Sin embargo, en esta ocasión Unidos Podemos ha dado un paso más y, por primera vez en este curso, el grupo parlamentario de Pablo Iglesias ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a anular los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Según recoge la iniciativa firmada por la diputada de Izquierda Unida, Yolanda Díaz, esta iniciativa busca “acabar con los actuales privilegios de la Iglesia en todo el Estado”, subrayando especialmente lo que consideran ventajas en materia educativa y fiscal.
Así, el documento recuerda la aconfesionalidad recogida por la Constitución, argumento que se esgrime para que “no haya privilegios que favorezcan a una determinada confesión religiosa en el espacio público”, hablando incluso de “paraíso fiscal”. “Sobre todo cuando estos privilegios suponen una carga onerosa para las administraciones públicas de un Estado, o lo que es lo mismo, para el conjunto de la ciudadanía con independencia de nuestras convicciones éticas o religiosas”, apunta del documento.
En esta misma línea, se llega a afirmar que le Iglesia mantendría privilegios propios de la dictadura, entre ellos, la financiación con fondos públicos, el apoyo para la conservación de su patrimonio o contar con un censo privado de bautizados.
Hacia la autofinanciación
Esta proposición no de ley se une a otra presentada la primera semana de septiembre también por Unimos Podemos, en la que se instaba a “establecer un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles y de sus propios, en el que se revisarán los beneficios fiscales de los que disfruta y se eliminará definitivamente la aportación que recibe en concepto de asignación tributaria a través del IRPF”.
De paso, también se llamaba a denunciar los acuerdos entre España y la Santa Sede, se pedía la no excención del IBI, que las ayudas que reciba la Iglesia “estén sujetas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas”. La proposición la tumbó la Mesa del Congreso, como es previsible que también suceda con el texto de Yolanda Díaz, por no contar con los apoyos suficientes para que llegue al Pleno.
