La plataforma ‘Enlázate por la Justicia’ ha redactado un comunicado en el que hace una valoración del I Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas aprobado por el Gobierno el pasado 28 de julio. En él agradece la creación de dicho Plan, que estima esencial para la protección de los Derechos Fundamentales, pero encuentra varios defectos en los contenidos del mismo.
En primer lugar considera que no es suficientemente rotundo en cuanto a la protección de procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas, ancestrales y afrodescendientes, que el derecho Internacional otorga a dichos pueblos a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asegura además que el Plan carece de medios concretos y de sistematización para desarrollar el principio de la Debida Diligencia.
Por otro lado denuncia que en el Plan se apueste por impulsar este tipo de medidas directamente en la ONU en lugar de empezar por la Unión Europea, ya que España tiene una influencia mayor en el Eurogrupo que en las Naciones Unidas y sería una forma más eficaz de extender esta clase de planes. Asimismo el comunicado asegura que los mecanismos de reparación previstos en el Plan incluyen recursos extrajudiciales que afectan al equilibrio entre las partes interesadas.
Por último, señala la falta de presupuesto para su cumplimiento, cuya ejecución en los próximos 3 años queda condicionada a la asignación de fondos cada ejercicio. Por ello la plataforma pone en duda la viabilidad y puesta en marcha del Plan.
Mayor implicación internacional
También ha pedido en el mismo comunicado que el Gobierno de España anime al resto de países miembros de la UE a sacar adelante el Tratado de Transnacionales que se negocia en Ginebra. Dicho Tratado está orientado a la creación de normas y mecanismos de protección a víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales. Finalmente las entidades que componen la Plataforma han expresado su compromiso con el desarrollo y garantía de los Derechos Humanos en el ámbito empresarial y su disponibilidad para colaborar con el gobierno en la realización de seguimientos del Plan y la elaboración del próximo.
