Seis personas murieron y más de veinte resultaron heridas el jueves de la semana pasada mientras protestaban por la erradicación forzada de coca, en zona rural de Tumaco, el municipio en Colombia con mayor número de hectáreas cultivadas con la planta.
Los muertos fueron identificados por Medicina Legal, como Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31; Nelson Chacuendo Calambas, de 29; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26; Jaimen Guanga Pai, de 45; y Alfonso Taicús Taicús, de 32.
La Policía Nacional responsabilizó del crimen a un grupo disidente de las FARC; pero múltiples versiones de campesinos de la región han sostenido que fueron hombres de la Fuerza Pública quienes dispararon contra los manifestantes.
Camilo González Posso, Gustavo Gallón Giraldo, Vilma Liliana Franco, Franklin Castañeda y Jaime Caicedo, miembros de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, organismo creado en el marco de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, rechazaron el crimen y le exigieron al Estado esclarecer los hechos, para avanzar en materia de justicia.
Los expertos han cuestionado la intervención de la Fuerza Pública en la región en los últimos meses. Según afirman, ésta ha sido estrictamente militar y no incorpora mecanismos de disuasión diferentes al uso de la fuerza. A su parecer, la erradicación forzada como primer recurso al problema de los cultivos contradice los principios del acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC para avanzar en una solución al problema de las drogas ilícitas, parte del conflicto armado en Colombia.
“Para la construcción de una paz firme y duradera es imperioso que cada una de las instituciones comprenda que la construcción de soluciones sostenibles debe basarse en la garantía de los derechos de los ciudadanos —incluidos el derecho a la protesta pacífica, la libertad de asociación y los derechos sociales y económicos— y privilegiar el diálogo para un buen entendimiento”, añadieron en un comunicado emitido el 7 de octubre.
“La paz se rodea de valores”
El 8 de octubre, personas de la Gobernación de Nariño, de la Personería de Tumaco, de la Diócesis de Tumaco, de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, de la Misión de verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), de DIPAZ, de la Comisión de Justicia y Paz, de Justapaz, de Conpaz, de la Asociación Minga, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la Corporación Yira Castro, de Somos Defensores, y un grupo de periodistas, llegaron a la vereda El Tandil, para hacer seguimiento y desarrollar labores de verificación, con el fin de conocer cómo y en qué circunstancias se presentaron los incidentes del 5 de octubre.
Se ha dicho que, como consecuencia de los hechos de ese día, el número de muertos y heridos puede ser mayor. A eso de las dos y veinte de la tarde, algunos de los miembros de las organizaciones ya enunciadas fueron atacados por integrantes del Escuadron Móvil Anti disturbios y de la Policía Antinarcóticos con una bomba de aturdimiento mientras se dirigían a un sitio en el que se creía podía haber un cadáver tirado. “Los integrantes de la Misión gritaron para identificarse; mientras hacían esto, otra bomba de aturdimiento les fue lanzada a las 2 y veintidós. En ese momento la delegación retrocedió, cuando cayeron otras dos bombas de aturdimiento, a las 2 y 23 y a las 2 y veinticuatro respectivamente; una de ellas estuvo a punto de impactar sobre algunas personas; durante este tiempo también fueron escuchados disparos y, además, fue utilizado algún tipo de gas”, narró la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el 9 de octubre, censurando los hechos.
Las personas tuvieron que retroceder y buscar refugio, antes de emprender su regreso a Tumaco. En conversación con Vida Nueva, Dora Vargas, de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, quien fue testigo del ataque, llamó la atención, además, sobre la necesidad de que las instituciones escuchen a los campesinos, en función de superar el clima de conflictividad que se vive en la región.
A su parecer, al momento de adelantar programas de sustitución de cultivos de coca en el espíritu de lo acordado en La Habana tiene que prevalecer el derecho a la propiedad colectiva de la tierra a manos de las organizaciones étnico-territoriales, y esto en regiones como el Pacífico nariñense, con nuevos procesos de colonización que están poniendo entre paréntesis lo adquirido legalmente por parte de las comunidades ancestrales.
Según Dora, dos lecciones se pueden sacar de lo ocurrido en los últimos días. “La paz se rodea de valores”, sostiene. “Uno de los grandes valores que tenemos que aprender a construir es el la verdad; pese a los errores y a quién los haya cometido, la verdad tiene que primar”. Ella está pendiente, todavía, mientras avanzan las investigaciones sobre la sucesión de hechos infortunados en Tumaco esta semana. Y lo segundo: “el acuerdo de paz de La Habana nos dejó una herramienta muy valiosa: el diálogo, la construcción de acuerdos; no sé si el mandato de la policía sea solo atacar o si sería abrirse a escuchar a las comunidades, la primera reacción: usar la palabra, la escucha, para evitar agresiones”.
(Foto: Pulzo)
