Los siete millones que huyen

Cuando apunta el día abandonan la pieza donde han dormido apiñados y se van a las calles del centro y del norte para pedir limosna; otros se van a exhibir las artesanías que hacen con chaquiras. Si venden tres o cuatro tienen asegurada la comida del día, pero a esa buena suerte tienen que agregarle que un policía no los obligue a retirarse o que Bienestar Familiar no reclame por la presencia del niño en el puesto de venta.

Necesitan 5.000 pesos para la comida y 12.000 para pagar la noche en un cuarto pequeño en donde apenas si caben todos; por aso algunos tienen un colchón en las calles del barrio San Bernardo, en donde conviven con drogadictos, mendigos, prostitutas y ladrones.

Es la historia de las 168 familias de indios emberas que llegaron huyendo a Bogotá. Sus intentos para encontrar algún trabajo remunerado fracasan una y otra vez porque solo hablan su lengua embera y no pueden comunicarse. Además solo saben manejar el machete en una ciudad que los necesita como mensajeros o porteros de edificios o albañiles en las construcciones; pero cuando llegan ya otros se les han adelantado.

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Los desplazados colombianos todos cuentan historias parecidas: amenazas intimidaciones, masacres, enfrentamientos armados, secuestros, bloqueos, confinamientos, son los elementos comunes en sus historias que, al final, los hacen ver como sobrevivientes para quienes es un milagro estar vivos. Unas veces sus victimarios fueron los guerrilleros, otras veces los paramilitares; también son víctimas de los narcotraficantes o de grupos de delincuencia común organizada. No los identifican, pero no pocos fueron expulsados de sus tierras por agentes de terratenientes que querían apoderarse de sus tierras.

La lucha por la tierra es la que ha producido el mayor número de desplazados. En un proyecto de ley, el 015 de 1996, aparece escrita una lúcida consideración: “la lucha por la tierra y una arcaica estructura agraria son la principal causa de la violencia”, que es la que expulsó a los emberas y que explica la existencia de esa muchedumbre en fuga que son los desplazados.

El peligro

En 1985 los obispos colombianos dieron su voz de alerta sobre este fenómeno, pero sus palabras resonaron en el desierto. Ni ese ni los sucesivos gobiernos tomaron nota de la necesidad de una reforma agraria que le pusiera fin a la lucha sangrienta por la tierra. Mientras tanto las organizaciones armadas pagadas por ganaderos y terratenientes se habían multiplicado hasta que en 1997 los grupos de Córdoba, Magdalena Medio, los llanos y Urabá se unieron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entonces creció, como nunca, el número de desplazados.

Narcotraficantes y esmeralderos hicieron su singular reforma agraria al comprar siete millones de hectáreas; otro factor más para el aumento de los desplazados. Los 127 grupos de paras que había en 1987 en 1995 se habían convertido en 400; cada uno de esos grupos es un factor de expulsión de campesinos e indígenas que cultivaban tierras que algún terrateniente tenía en su mira.

Así, tanto los paras como los guerrilleros incrementaron el desplazamiento. Los atentados contras la infraestructura no solo afectaron oleoductos o torres de energía, también hicieron insegura la región en donde el campesino trabajaba y vivía sin protección alguna. Hoy sus historias reconstruyen el pavor de los secuestros, las incertidumbres ante las campañas de reclutamiento y la angustia permanente por las minas sembradas en sus campos.

Se agrega la presión de la Fuerza Pública con sus bombardeos, con sus periódicos controles de alimentos, con su omnipresente sospecha que hace ver un guerrillero o un auxiliar de la guerrilla en cada campesino; o los militares que se hacían pasar por paramilitares para abusar de los campesinos. Todo esto, padecido día tras día, volvió al campo un sitio de alta peligrosidad.

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