Un informe recientemente publicado por el CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas e INDEPAZ plantea que el significativo desescalamiento del conflicto armado logrado por cuenta del fin de la confrontación entre el Estado y las FARC se está viendo empañado por el incremento de disputas por el control territorial y la agresión contra defensores de derechos humanos en diversas partes del país.
Como alertan las organizaciones, estos hechos, que involucran a diversos actores armados, crean “un ambiente lleno de peligros y barreras” para la implementación de los acuerdos de paz.
Durante una socialización del documento, el jesuita Alejandro Angulo exigió al Gobierno reconocer el carácter sistemático de este tipo de violencias. Solamente en Tumaco, 26 líderes sociales, entre ellos una directora de pastoral social, han sido asesinados en los últimos 25 años. El último fue Yair Cortés, integrante del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, quien apoyaba a la Iglesia Católica en un programa de prevención frente al problema de las minas antipersonales.
Arnulfo Mina, vicario de diócesis de Tumaco, ha dicho que si la institucionalidad no toma las medidas pertinentes seguirá el derramamiento de sangre debido al fortalecimiento de las dinámicas asociadas a la violencia. Una de ellas: el narcotráfico, agravado por el abandono estatal, según Orlando Olave, obispo de la región, quien en días pasados, en conversación con Vida Nueva, habló sobre el poder corruptor del negocio en el Pacífico nariñense, donde hay que sumar hambre, falta de servicios públicos y ausencia de programas educativos de calidad.
Las características
Según los redactores del documento, entre las características de las agresiones contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos se cuentan las siguientes:
“(1) Es alta la probabilidad relativa de que ocurra en zonas rurales o urbanas en las cuales se presenta una disputa crónica por territorios, recursos, rentas o economías ilegales. (2) En consecuencia, la mayoría de los casos de asesinato de líderes sociales se presenta en zonas en las cuales se han agudizado las disputas por el control territorial, social o político en virtud de cambios por el cese a las hostilidades y la no presencia armada de las FARC. (3) La expectativa de nuevos negocios legales e ilegales en territorios que antes del cese definitivo de hostilidades estaban bajo influencia de las FARC se acompaña de incremento de disputas por poderes locales y regionales. (4) La polarización política nacional y las campañas de estigmatización se expresan en situaciones regionales activando dispositivos de retaliación y de justicia privada. (5) La posibilidad de reacomodos políticos con repercusión en la representación o en las gobernabilidades locales y regionales activa dispositivos violentos oportunistas que han sido parte de las historias de violencia en los territorios y regiones”.
Primer mes del cese entre ELN y Gobierno
También la misión de verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal se pronunciaron recientemente sobre los desafíos en relación con la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto. Lo hicieron al evaluar el primer mes de funcionamiento del mecanismo de seguimiento al cese al fuego y de las hostilidades entre ELN y Gobierno, un acuerdo orientado a mejorar la situación humanitaria de la población civil.
Llamaron la atención ambas instituciones sobre “la tensa situación en zonas rurales del Catatumbo, norte del Cauca y Buenaventura en el Valle del Cauca”. Y pidieron a las partes evitar incidentes que pongan en riesgo a las comunidades.
El asesinato del líder indígena Aurelio Isarama, en la región del Alto Baudó chocoano, es para la ONU y la CEC una violación a las reglas y compromisos por parte del ELN. Con todo, subrayan la necesidad de que el cese, pactado hasta el 9 de enero, sea prolongado después del plazo.
