“La historia la escriben los que ganan”. Una afirmación que se comprueba cada día, más en estos tiempos. Pero ojalá esta vez, tal frase no se aplique. Es que el Senado argentino está estudiando una posible modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Justamente, se trata de la ley que contempla el proyecto Atajo, unos centros de acceso a la justicia en los barrios pobres de la Argentina, los cuales se vienen llevando adelante en varias diócesis del país desde hace un par de años.
“Advertimos que el proyecto en cuestión deroga la existencia de Direcciones generales y Procuradurías, especialmente la Dirección de Acceso a la Justicia (Atajo), que vienen trabajando nuestras diócesis junto a las parroquias y servicio pastoral en la atención cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las villas y barrios”, dicen ocho obispos argentinos en una misiva fechada el 7 de noviembre pasado.
“Entendemos que la supresión de dicha área en la ley implica una mala señal para el trabajo realizado y para la institucionalidad obtenida – sostuvieron con preocupación–, además del riesgo de dejar en la discrecionalidad la continuidad de dicha política para una futura gestión, dejando a los sectores más desprotegidos frente a la ley”.
Y agregan: “Siendo que se trata de la primera vez que funcionarios y empleados judiciales tienen una presencia en estos barrios, resulta importante mantener y fortalecer dicha política, y en todo caso, correspondería ‘resaltarla’ en el futuro texto legal”.
Esta misiva lleva la firma del cardenal Mario Poli, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); Marcelo Colombo, obispo de La Rioja y vicepresidente segundo; Fernando Maletti y Oscar Miñarro, obispos titular y auxiliar de Merlo Moreno, respectivamente; el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre; el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, Carlos Tissera; el obispo de San Isidro y presidente de la CEA, Oscar Ojea; y uno de los obispos auxiliares de Buenos Aires, Joaquín Sucunza.
Por todo lo expuesto, los ocho obispos solicitaron a los senadores y diputados que “tengan en cuenta la posibilidad de que la Dirección de Acceso a la Justicia (Atajo) sea mencionada expresamente en la ley como necesaria, y se mantenga intacta su estructura y composición funcional, tal como existe en el actual Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
La carta fue dirigida al presidente del Senado, Federico Pinedo; a los presidentes de Bloque, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey; y al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino. Esperemos que a las autoridades de la cámara alta les resuenen estas palabras y las cientos de miles de caras de gente de escasos recursos que si no fuera por un programa como Atajo, nunca hubieran podido resolver conflictos o recibir asesoramiento sobre temas que para muchos de ellos son impensados.
Tal escrito constituye una de las primeras acciones de un conjunto de obispos que se da en el marco de una nueva Comisión Ejecutiva de la CEA y de nuevos cargos en las demás comisiones episcopales.
