Suele ser periódico. Tal vez bimensual. Cuando las aguas amainan en los asuntos que alteran a los españoles en las encuestas del CIS, reaparece en el Congreso o en el Senado una pregunta o una propuesta encaminada a buscar las cosquillas en lo que al monedero de la Iglesia se refiere. La más reciente, una pregunta del PSOE en la Cámara Alta en la que se insta al Gobierno a corroborar que el proceso de inmatriculación de los bienes eclesiales se ajusta a ley.
El Ejecutivo ha respondido desvelando que ya ha pedido al Colegio de Registradores un censo de todas las propiedades inmatriculadas desde 1998 hasta la derogación de la Ley Hipotecaria en 2015. A la espera de este informe, el Gobierno reitera a los socialistas, como ya ha hecho en varias ocasiones a lo largo de este año, que todo el proceso, “por parte de la Iglesia, se ha realizado al amparo de la Ley y cumpliendo con la legalidad vigente en cada momento”.
Verificar el patrimonio
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) va más allá: “El tema está en que los bienes son propiedad de las instituciones correspondientes. A la CEE no le corresponde hacer un censo. Cada diócesis es la que tiene que verificar qué bienes son suyos”.
Sin embargo, “el problema que surge en este ámbito es lo que se persigue al pedir este censo. Cuando alguien lo solicita, en realidad busca no solo cuántas propiedades tiene la Iglesia, sino cuál es el valor de mercado, por ejemplo, de la catedral de Burgos para sacar una cifra a la luz”.
En este sentido, Barriocanal dice ser “partidario de que la Iglesia publique sus bienes, pero ahí cada diócesis tiene autonomía y la Conferencia no tiene capacidad para decir ‘este es el censo’”. Y apostilla con humor: “De todas maneras, no hay que olvidar que veinte siglos dan para mucho…”.
