Convocado por la Pastoral Carcelaria Argentina, se llevó a cabo el Encuentro del núcleo de trabajo sobre Inclusión Social, Seguridad y Justicia, que reunió a autoridades eclesiásticas, del Poder Judicial, de Salud, Trabajo, gremios, empresariado y universidades.
El encuentro, realizado en la sede del episcopado argentino, fue encabezado por Monseñor Juan Carlos Ares, Presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Carcelaria, su secretario ejecutivo, el Pbro. José Miguel Marengo, Patricia Alonso, Coordinadora del Equipo Nacional de Pastoral Carcelaria y la Profesora Estela Ferrise, integrante del Secretariado.
Estuvieron presentes, el Capellán Mayor de las cárceles Bonaerenses Presbítero Eduardo Lorenzo, Capellán Mayor de Cárceles del Servicio Penitenciario Federal Francisco Martínez, el Sr. Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Dr. Juan Bautista Mahiques, la Defensora General de la Nación Dra. Stella Maris Martínez, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Dr. Alejandro Slokar, el Presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Dr. Luis Fernando Niño, la Juez Nacional de Ejecución Penal Dra. Maria Jimena Monsalve, la Directora de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, Dra. Virginia Barreyro, el Presidente del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Barbagallo, el Fiscal de la Plata Doctor Álvaro Garganta, la Directora de la Dirección Nacional de Readaptación Social Dra. Fiorella Canoni, el Secretario General de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Pablo Más Vélez, entre otros magistrados y funcionarios judiciales, representantes de los Ministerios de Justicia, Salud y Trabajo, y representantes de los principales gremios, del empresariado y universidades.
Monseñor Ares describió la situación carcelaria actual y la acción permanente de la Pastoral Penitenciaria para paliar las deficiencias sociales. Recordó las palabras del papa Francisco cuando mencionó que hay que terminar con la “cultura del descarte”.
Con respecto a la situación carcelaria actual, el Padre Marengo hizo hincapié en el incremento de la cantidad de personas detenidas, especialmente en el año 2017, así como también las desavenencias ocasionadas por las recientes reformas a la ley 24.660, entre otros puntos relevantes.
En relación al tema educativo, el Secretario General de la Universidad de Buenos Aires (UBA) propuso disponer acciones necesarias para lograr un programa de pasantías en esa casa de estudios para las personas que han recuperado la libertad. Y la Directora de la carrera “Trabajo Social” que depende de esa Universidad, anunció avances para que dicha carrera sea dictada en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, para las mujeres que se encuentran alojadas allí.
Ana Pico, titular de la Asociación Católica de Empresarios, hizo mención a las actividades de integración realizadas en conjunto con el grupo “Espartanos” y se comprometió a insistir en promover las acciones tendientes a lograr la aceptación laboral de personas que estuvieron privadas de libertad. El representante de la UOCRA expresó su deseo de redoblar el compromiso al frente de los talleres de capacitación laboral intramuros que ha desarrollado dicha entidad, así como también reforzar las bolsas de trabajo. Se comprometió además a convocar a la Cámara de la Construcción para los próximos encuentros.
Los participantes del núcleo suscribieron un documento, en el que se comprometieron a afianzar distintas acciones destinadas a colaborar con las situaciones de los privados de libertad y de su integración al medio libre. Entre las acciones propuestas, se comprometieron a cooperar para lograr cárceles sanas y limpias, recomendar a las autoridades la utilización de penas y medidas alternativas a la prisión, fomentar instancias educativas y programas de pre-libertad, realizar aportes para lograr el acceso a la educación y para la educación para el trabajo, emplear al menos una persona que se encuentre en proceso de recuperar su plena libertad y recomendar a las autoridades nacionales una modificación legislativa que incorpore estímulos fiscales para el empleo de personas que hayan estado en conflicto con la ley penal.
Finalmente, se estableció que la próxima reunión será en el mes de abril de 2018, con el objetivo de aunar los esfuerzos para la consecución de los objetivos propuestos.