“Mi padre no ha muerto: nosotros, como familia, seguiremos la lucha”

Mario Castaño sabía que lo iban a matar. Dos integrantes del proceso organizativo del Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó, en el Bajo Atrato, habían sido asesinados ya, en lo corrido de 2017: Porfirio Jaramillo y Jesús Sánchez.

Mario presentía los planes en desarrollo para quitarle la vida y lo hizo saber a los suyos. Temía que el siguiente, después de él, fuera Héctor Pérez, otro de sus compañeros.

17 años atrás, como otros pobladores de la región, Mario, Héctor y sus familias fueron desplazados por la agudización de la violencia paramilitar que antecedió en Urabá al despojo de tierras y a la implementación de la ganadería intensiva, así como de grandes cultivos de palma, plátano y banano.

Con el tiempo, el fortalecimiento del narcotráfico en la región sería leído como un efecto más del despojo.

En 2013 Mario regresó a su querencia. Sus denuncias sirvieron para imputar cargos a personas como Teresa Castaño, Fabio Gil, Emilio Zapata, entre otros. Pero no tardaron en manifestarse las presiones. Los poseedores de mala fe no estaban dispuestos a devolver lo robado.

Su muerte, ocurrida el pasado 26 de noviembre, debe verse en el marco de los conflictos por la posesión de tierra y la violencia ejercida por foráneos sobre campesinos que de forma ancestral han ocupado terrenos para su supervivencia.

Con el de Mario, ya son 20 homicidios contra reclamantes de tierra en Urabá, desde que en 2011 entró a implementación la Ley de Restitución de Tierras. Para Juan Pablo Guerrero, del CINEP, los crímenes son una forma de obstaculizar este proceso.

En Chocó, de 2.223 solicitudes, por parte de campesinos despojados, solo han hallado resolución 2 casos, lo que equivale a un 0,01% de las solicitudes. Por eso CINEP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, quienes han acompañado procesos de reclamación, explican que “en estas zonas prioritarios para la paz, la restitución prácticamente está por hacerse”.

Mientras tanto, los crímenes contra líderes sociales siguen en la impunidad, una forma de perpetuar la repetición de los hechos. Tales instituciones han salido en defensa de la familia de Mario y de la comunidad de la cual hacía parte. Solo esta semana, después de más de tres años de trámites la demanda interpuesta a la Unidad de Restitución de Tierras fue radicada. Lo que buscan es que 107.064 hectáreas sean devueltas a cerca de cinco mil personas desplazadas entre 1996 y el año 2000.

Le piden al Gobierno garantizar la seguridad y el derecho a la vida de los líderes del consejo comunitario que persisten en la búsqueda de justicia, entre ellos Héctor Pérez. 90% por ciento de las tierras de la comunidad siguen en manos de foráneos. A la Fiscalía le exigen adelantar las investigaciones con celeridad, para esclarecer quiénes, con nombre propio, están detrás de la violencia que hoy sufre el proceso organizativo; quiénes, puntualmente, se benefician de las muertes y han dado la orden a los sicarios de turno de disparar, como lo hicieron contra Mario, Porfirio y Jesús.

En el fondo, lo que buscan es que el Estado cumpla con su obligación de que a la gente le sea respetado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.