El conflicto indígena en Chiapas se cobra sus primeras víctimas mortales

Un problema de colindancias registrado hace más de cuarenta años por una mala intervención del Estado, generó un grave conflicto entre los pobladores de dos municipios de Chiapas, situación que desde hace un mes tiene a cinco mil indígenas del municipio de Chalchihuitán viviendo en condiciones infrahumanas en las montañas, de las cuales no pueden salir debido a la presencia de un grupo armado del municipio de Chenalhó, que impide que regresen a sus casas y que se les hagan llegar víveres.

De acuerdo con fray Gonzalo Ituarte Verduzco, Vicario de Justicia y Paz de San Cristóbal de las Casas, la emergencia humanitaria ha llegado a tal grado que ya se han registrado algunas muertes de niños y ancianos, debido a la falta de alimento, pero también al limitado acceso a servicios médicos y medicamentos.

Tras señalar que la Iglesia local está muy preocupada por esta situación, pues el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán sigue creciendo, dio a conocer que la dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta los desplazados.

El religioso consideró que los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina, además de que continúan los reportes de disparos para provocar miedo y evitar que los desplazados retornen a sus casas.

También afirma que aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ésta ha sido insuficiente. “Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto”.

El problema empeora

El conflicto limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se ha anunciado como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este problema, pero a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas le preocupa en qué sentido vendrá ésta, pues “no basta un documento de escritorio desde la Ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves”, advierte.

El Vicario de Justicia y Paz recuerda a las autoridades que la larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no sólo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar. Los habitantes del municipio de Chenalhó ya han advertido que si la resolución definitiva no les favorece, tomarán medidas drásticas en contra de los comuneros de Chalchihuitán.

Por lo pronto, un grupo armado sigue teniendo en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán sin que las autoridades estatales y federales intervengan. “Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso”, señala Gonzalo Ituarte.

Urge una resolución integral

La Iglesia de San Cristóbal de las Casas, cuyo administrador apostólico es monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, llama a solucionar de manera integral este conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, tomando en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, pero después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Por ello, la diócesis considera inaplazable que se concrete e instale una mesa de diálogo, y que los gobiernos federal, estatal y municipales retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión por la creciente participación de grupos armados.

Acciones inmediatas

La diócesis chiapaneca, a través de su Vicario de Justicia y Paz también exige a las autoridades tres niveles de intervención inmediata: primero, reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.

Segundo, garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender al total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán, y por último, hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos.