La denuncia ante la justicia peruana de Luis Fernando Figari Rodrigo, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV, por su sigla en latín) y la solicitud de nueve meses de prisión preventiva, interpuesta por la fiscal María Janine León Pizarro –de la 18ª Fiscalía Penal de Lima–, revive el proceso judicial derivado de los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por el ex superior general del SCV.
La petición de la fiscal León Pizarro –presentada el pasado 13 de diciembre– “por delitos de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y por lesiones psicológicas graves” también cobija a otros tres antiguos miembros de la institución religiosa: Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía, ante el peligro procesal de fuga y la posibilidad de obstaculizar la justicia por no encontrarse en el país –los dos primeros– o por no haber acudido a citaciones fiscales. Asimismo, se ha solicitado que Ricardo Treneman y Óscar Tokuma –también vinculados al SCV– tengan comparecencia restringida.
De este modo, tras diez meses de investigaciones, el despacho de la 18ª Fiscalía Penal de Lima reabre el ‘caso Figari’, que había sido archivado por la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez en enero de este año, aduciendo que “ningún afectado denunció ser víctima de los abusos que se dieron a conocer y que los delitos ya habían prescrito”.
Antecedentes
El Vaticano, a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVC-SVA), envió una carta el 30 de enero al actual superior general del SCV, Alessandro Moroni –divulgada por el mismo Sodalicio–.
En ella relata algunas circunstancias de los hechos:
- Las primeras acusaciones contra Figari llegaron al Dicasterio vaticano en 2011.
- Al encontrarse “lagunas, contradicciones y algunos aspectos poco claros” y ante “la notable, anómala y no del todo comprensible resonancia” que el caso encontró en los medios de comunicación peruanos, el 22 de abril de 2015 se ordenó una visita apostólica, encargada a Fortunato Pablo Urcey, OAR, entonces obispo prelado de Chota y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana.
- Tras esta investigación, se concluye que, durante sus años al frente del Sodalicio, Figari había adoptado “un estilo de gobierno excesiva o impropiamente autoritario, orientado a imponer la propia voluntad”.
- Y lo que es peor, se considera “verosímil” el delito de abusos sexuales a menores, si bien se aclara que, de la documentación obtenida, no se puede afirmar con total certeza que los abusos se dieran con violencia.
- Al final, “emerge con claridad de dicha documentación que el Sr. Figari, antes del 2001, cometió algunos actos contra el VI Mandamiento con algunos jóvenes en formación del Sodalitium Chrisitianae Vitae”.
Con todo, al considerarse que los delitos estaban prescritos y en virtud de otros artículos del Derecho Canónonico, el Dicasterio, en esa misma carta del 30 de enero, creyó “justo y necesario, a fin de reparar los daños y el escándalo, además de restablecer la justicia, que el Sr. Figari no sea expulsado de la Sociedad de Vida Apostólica” a la que pertenece.
La misiva, firmada por el cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la CIVC-SVA, y por José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario, también determinó que Figari “no regrese a Perú, excepto por motivos muy graves” y siempre con permiso escrito del Superior General”, y que le sea destinada “una residencia en la que no exista una comunidad del SCV”, prohibiéndosele cualquier contacto con personas pertenecientes al SCV, con los medios de comunicación, o participar en manifestaciones públicas y/o encuentros del SCV y de otra persona o institución, civil o eclesiástica.
El Sodalicio admitió los abusos
En respuesta a la comunicación de la Santa Sede, el 10 de febrero Moroni manifestó –a través de un videomensaje– que “los miembros del Sodalicio, una vez más condenamos firmemente los graves y deplorables actos de Luis Fernando Figari”, y puso a disposición de la opinión pública y de la justicia peruana los resultados de una investigación interna desarrollada por expertos internacionales, la cual concluyó –según lo referido por Aciprensa– que “Figari abusó sexualmente de por lo menos un menor, abusó o manipuló u ofendió sexualmente a varios otros jóvenes; y abusó física y psicológicamente de docenas de otros”.
Frente a este panorama, cuando falta un mes para la visita del papa Francisco a Perú, la petición de prisión preventiva de Figari por parte del Ministerio Público de Perú, resitúa en la esfera pública y en el ámbito judicial uno de los capítulos más complejos de la historia reciente de la Iglesia peruana. De ser aceptada la solicitud, un juez deberá pedir la repatriación de Figari desde Italia, donde vive desde 2015.
Para la fiscal León Pizarro, a cargo de la investigación, “existen fundados y graves elementos de convicción sobre la comisión de los delitos imputados, que se sustentan en diversos informes psicológicos y testimonios de las víctimas”.
Según ha recogido Perú 21, con lo cual, “la pena probable supera los cuatro años de cárcel, ya que el delito de lesiones tiene una pena de cuatro a ocho años”.
Lo sabían
En declaraciones a La República, la periodista Paola Ugaz, colaboradora de Pedro Salinas en ‘Mitad monjes, mitad soldados’ (Planeta, 2015), la obra que sacó a la luz pública los abusos de los líderes del SCV –encabezados por Figari–, “lo que está diciendo la Fiscalía es que han encontrado indicios de que dentro de esta organización se permitieron abusos físicos, psicológicos y sexuales durante mucho tiempo”.
Además, agrega Ugaz, “no solo lo supieron, sino que lo consintieron y dejaron pasar todos estos delitos y abusos denunciados por otros sodálites”.
Pedro Salinas, por su parte, se ha referido al asunto con moderación: “Para el pedido de prisión preventiva se necesita una audiencia. Me parece una buena noticia que hay que tomar aún con cautela, porque aún faltan instancias fiscales”.
Aún se desconoce la fecha de la audiencia en la que será resuelto el pedido de la 18º Fiscalía Penal de Lima.
