Luego de más de dos meses de permanecer refugiados de manera forzada en las montañas chiapanecas, a causa de un conflicto de tierras entre dos municipios, 3,858 indígenas de nueve comunidades de Chalchihuitán, regresaron el pasado 2 de enero a sus casas; sin embargo, a decir del padre Marcelo Pérez Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, no se trata de un retorno que se celebra, “sino de una situación de alto riesgo”.
En entrevista, el sacerdote responsable de la Pastoral Social de dicha diócesis, explicó que los indígenas de Chalchihuitán retornaron a sus comunidades con la protección y compañía de miembros de la Iglesia católica y de organizaciones civiles, ante el miedo a ser asesinados por el grupo armado de Chenalhó, municipio con el cual aún disputan 363 hectáreas, pese a la reciente resolución del Tribunal Unitario Agrario, que falló a favor de Chenalhó.
Temor a huir de nuevo
El padre Marcelo Pérez asegura que los pobladores temen que el comando armado que provocó su desplazo el 18 de octubre de 2017 vuelva a atentar contra ellos y se vean en la necesidad de refugiarse de nueva cuenta en las montañas, donde, por cierto, aún permanecen más de mil cien personas, quienes se niegan a regresar a sus comunidades, pese a las condiciones inhumanas en las que sobreviven.
“El retorno estuvo lleno de mucha tristeza porque nuestros hermanos se vieron obligados a hacerlo debido a su desesperación por su condición de desplazados; algunos ancianos ya no podían comer a causa de la depresión; además, el retorno se ha dado en condiciones de mucho peligro porque los disparos continúan sobre todo por las noches, según me informan algunos jóvenes que ya se encuentran en sus casas”, afirmó el sacerdote.
La emergencia continúa
Pese al regreso de miles de indígenas a sus casas, hecho que encontró eco en todos los medios de comunicación nacionales, aún permanecen desplazadas 1,165 personas, “algunas porque no ven las condiciones de seguridad para su retorno, y otras porque sus casas fueron quemadas y no tienen a donde llegar”.
El padre Marcelo Pérez asegura que estas personas continuarán resistiendo en las montañas hasta que “se resuelva el problema de manera ‘pacífica y verdadera’, aunque para ellos este desplazamiento forzado sea una pesadilla”. Por esta razón, el sacerdote consideró que la situación continúa siendo preocupante, tanto para los indígenas que retornaron, como para los que continúan desplazados, por lo que la ayuda sigue siendo necesaria: “ya que la gente ha llegado a sus casas sin nada, sin sus cosechas y todas sus pertenencias les fueron robadas, mientras que quienes continúan en las montañas siguen sufriendo frío, hambre y enfermedades”.
De igual forma, algunos de los indígenas del municipio de Chenalhó que también fueron desplazados han advertido que no regresarán hasta que se dé el “desarme total de los paramilitares de Chenalhó, el castigo para los que hicieron daño y la reconstrucción de sus viviendas”.
En este sentido, el sacerdote indígena explicó que el 1 de enero, el Ejército Mexicano desmanteló algunos de los lugares desde donde operaba el grupo armado de Chenalhó, pero no hubo ninguna detención.
El fallo y la inconformidad
Cabe recordar que tras el reciente fallo del Tribunal Unitario Agrario a favor de Chenalhó, los pobladores de Chalchihuitán han asegurado que no recurrirán a las armas ni a otras medidas de lucha, sino que acudirán a las instancias superiores al Tribunal Unitario Agrario, como es el Tribunal Colegiado y, si es necesario, a la Suprema Corte de Justicia para recuperar lo que consideran que les pertenece.
“Dicen que son hermanos con los de Chenalhó, de la misma etnia tsotsil, algunos incluso parientes, y que no van a armarse ni a acudir a la violencia. Dicen que no confían en las armas como recurso para defender sus tierras, porque su fuerza son sus documentos oficiales, que protegen sus derechos”, explicó antes de la Navidad el ahora obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel.
