Con su decisión de retirarles el TPS, un permiso especial de residencia para originarios de ámbitos golpeados por la violencia o desastres naturales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, procede de facto a la expulsión de los inmigrantes de El Salvador en su país que no puedan encontrar otra vía por la que legalizar su situación; en total, más de 260.000 personas, según datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
El pazo para que se cumpla la medida es el 9 de septiembre de 2019. Por tanto, menos de dos años para que un cuarto de millón de ciudadanos que se habían arraigado en la primera potencia mundial (en la mayoría de los casos, padeciendo todo tipo de vulneraciones en sus derechos humanos en el peligroso tránsito desde Centroamérica, a veces incluso a bordo del tren La Bestia) busquen una alternativa y rehagan su vida en otro país o, en el peor de los casos, de vuelta al lugar del que escaparon por ser víctimas de la violencia o la miseria.
En los últimos meses, desde septiembre, la Administración Trump ya ha suspendido el TPS para los llegados a sus fronteras desde Haití (casi 60.000 personas), Nicaragua (más de 5.000) y Sudán (alrededor de un millar), aunque ahora va un paso más allá, pues la comunidad salvadoreña es la más numerosa entre las afectadas. Los próximos que pueden ver comprometida su presencia son los inmigrantes originarios de Honduras, unos 86.000.
Un limbo jurídico para un millón de personas
También está en el aire la situación de los llamados dreamers, 800.000 inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños y a los que la legislación protegía dentro del programa DACA. Si este, como se amenaza, también es finalmente sepultado por el presidente republicano, estaríamos ante una crisis social masiva, con, en total, más de un millón de personas que han echado raíces en Estados Unidos y que, tras cumplirse un plazo ya fijado, quedarían en un limbo jurídico, a expensas de una posible expulsión.
En el caso del DACA, Trump ya ha dejado claro que, salvo que los demócratas acepten sostenerlo a cambio de apoyar el levantamiento del muro en la frontera con México, este será abolido el próximo 5 de marzo.
Vuelve a ignorar a la Iglesia
Con este gesto, por cierto, Trump vuelve a hacer oídos sordos al requerimiento del Episcopado estadounidense, que, ya en octubre, a través del obispo Joe S. Vásquez, presidente del Comité sobre Migración, pidió públicamente fortalecer el programa TPS, concretamente para los inmigrantes centroamericanos, que “no pueden regresar con seguridad a sus países de origen en este momento”.
El propio arzobispo de Miami, Thomas Wenski, se sumó públicamente a esta denuncia al reivindicar que, “para la Iglesia católica, se trata de un tema humanitario”, por lo que no prorrogar el TPS “tendría un gran impacto en las vidas, no solo de los que lo reciben, sino para toda la comunidad, debilitando a la institución familiar”.
