Con el fin de realizar un aporte ante los problemas sociales que se vienen sucediendo en el país, Arturo Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, dio a conocer una reflexión en la que se destaca que “las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Señalan tres conflictos que se están dando en la sociedad:
- la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0084-2017 que permite postularse indefinidamente a los cargos electivos para la próxima reelección. La sentencia deja en el voto del pueblo, la decisión de elegir a sus gobernantes.
- El sistema de salud que llevó a una huelga de los profesionales durante 47 días.
- La promulgación del Código del Sistema Penal.
Con respecto a este último conflicto, enumeran algunos aspectos por los que dicho Código es rechazado por la sociedad:
– criminaliza la negligencia y la praxis profesional y ha provocado las medidas de protesta del personal de salud y otros sectores,
– sanciona hasta a los administradores de una empresa que causó una muerte con un medio de transporte, por lo cual se generó una protesta de los transportistas en el país
– criminaliza también el derecho a la protesta
– deja sin protección la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada.
– despenaliza el microtráfico de droga.
– pone en reparo la libertad de expresión y de pensamiento
– introduce un control inaceptable de las redes sociales
– Implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas, cuya ambigüedad atenta claramente contra la libertad religiosa en el artículo 88.I.11
– disposiciones transitorias y finales del Código derogan artículos que crean sospechas de encubrimiento de conductas corruptas.
– atenta contra derechos humanos básicos (artículo 157) que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas, que su punibilidad desaparece y fue aprobado en total desconocimiento de las firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las manifestaciones a favor del derecho a la vida.
Manifiestan que la lista de artículos cuestionables es más amplia, pero con los ejemplos citados se puede calificar el código como hecho a medida de intereses del poder y no del pueblo. En su ambigüedad, atenta contra los derechos humanos y ciudadanos generando inseguridad jurídica, y retrocede en los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana.
Expresan que estas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica y, piden que se derogue el Código del Sistema Penal y se inicie un debate amplio y transparente con todos los sectores involucrados, “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.
Proponen ser “operadores de paz sobre los cimientos de la justicia, la libertad y la verdad”, aduciendo que el nuevo año está en “nuestras manos”. “No lo volvamos un año de conflictos y de luto…”.
Finalmente piden María, Reina de la Paz, que interceda ante su Hijo y conceda el don de la reconciliación y la paz entre todos los bolivianos.
