Leyes justas al servicio del bien común

Con el fin de realizar un aporte ante los problemas sociales que se vienen sucediendo en el país, Arturo Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, dio a conocer una reflexión en la que se destaca que “las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Señalan tres conflictos que se están dando en la sociedad:

• la Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0084-2017 que permite postularse indefinidamente a los cargos electivos para la próxima reelección. La sentencia deja en el voto del pueblo, la decisión de elegir a sus gobernantes.
• El sistema de salud que llevó a una huelga de los profesionales durante 47 días.
• La promulgación del Código del Sistema Penal.

Con respecto a este último conflicto, enumeran algunos aspectos por los que dicho Código es rechazado por la sociedad:

– criminaliza la negligencia y la praxis profesional y ha provocado las medidas de protesta del personal de salud y otros sectores,
– sanciona hasta a los administradores de una empresa que causó una muerte con un medio de transporte, por lo cual se generó una protesta de los transportistas en el país
– criminaliza también el derecho a la protesta
– deja sin protección la familia, ya que se anulan los delitos de bigamia y el abandono a la mujer embarazada.
– despenaliza el microtráfico de droga.
– pone en reparo la libertad de expresión y de pensamiento
– introduce un control inaceptable de las redes sociales
– Implementa el delito del reclutamiento con fines religiosos realizado por instancias religiosas, cuya ambigüedad atenta claramente contra la libertad religiosa en el artículo 88.I.11
– disposiciones transitorias y finales del Código derogan artículos que crean sospechas de encubrimiento de conductas corruptas.
– atenta contra derechos humanos básicos (artículo 157) que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas, que su punibilidad desaparece y fue aprobado en total desconocimiento de las firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las manifestaciones a favor del derecho a la vida.

Manifiestan que la lista de artículos cuestionables es más amplia, pero con los ejemplos citados se puede calificar el código como hecho a medida de intereses del poder y no del pueblo. En su ambigüedad, atenta contra los derechos humanos y ciudadanos generando inseguridad jurídica, y retrocede en los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana.

Expresan que estas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica y, piden que se derogue el Código del Sistema Penal y se inicie un debate amplio y transparente con todos los sectores involucrados, “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.

Proponen ser “operadores de paz sobre los cimientos de la justicia, la libertad y la verdad”, aduciendo que el nuevo año está en “nuestras manos”. “No lo volvamos un año de conflictos y de luto…”.

Finalmente piden María, Reina de la Paz, que interceda ante su Hijo y conceda el don de la reconciliación y la paz entre todos los bolivianos.