La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el pasado martes 9 de enero a Costa Rica garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación.
La reacción de la Conferencia del Episcopado de Costa Rica no se hizo esperar, por lo que a través de un comunicado subrayó que la CIDH está optando por un camino diferente al de otros tribunales de derechos humanos continentales, imponiendo una solución jurídica a los estados nacionales, “en claro menoscabo de la soberanía de los pueblos para establecer las bases de la convivencia social”.
El ordenamiento del organismo internacional responde a la consulta que en noviembre pasado le hiciera el propio presidente de Costa Rica en torno a los derechos de la comunidad LGBTI. Al respecto, los obispos ticos denunciaron que el gobierno de Luis Guillermo Solís planeó de manera “estratégica” dicha consulta.
El Gobierno de la República “prefirió acudir a un órgano supra nacional para resolver una serie de pretensiones de algunas minorías para modificar el derecho interno costarricense, excluyendo el camino de la discusión política en la Asamblea Legislativa y en otras instancias nacionales”, señalaron.
La Iglesia no puede renunciar a su misión
Frente al ordenamiento, el Episcopado costarricense –que preside el arzobispo metropolitano de San José, José Rafael Quirós– llamó a los fieles a “unirse en las más íntimas convicciones que sobre la familia y el matrimonio se extraen de la palabra de Dios y del derecho natural”.
También recordó que “la Iglesia no puede renunciar a su misión de seguir presentando la palabra de Dios como le ha sido revelada, e insta a todos los cristianos a seguir viviendo conforme al plan de Dios para la familia y el ser humano: varón y mujer; todo ello dentro del marco de la ley y el respeto absoluto a toda persona humana”.
Los obispos explican que si bien en los próximos días las diferentes instancias del Estado costarricense deberán decidir cómo conducirse ante este ordenamiento de la CIDH, no se debe olvidar que existen dos acciones de inconstitucionalidad sobre los temas de la unión de hecho de personas del mismo sexo y sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, ante la Sala Constitucional, que esperan resolución.
Los diputados –añaden– también “deben decidir cómo tramitarán los proyectos de ley que ya han sido objeto de la discusión pública del así llamado ‘matrimonio igualitario’ y el Poder Ejecutivo deberá definir con mayor precisión su posición de frente a ese escenario jurídico”.
Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a estar “vigilante” de las decisiones del gobierno en los próximos días, “con el fin de que se actúe siempre en beneficio de todos los habitantes, y no sólo en atención a un grupo de personas. Esta vigilancia no supone menosprecio ni discriminación a persona alguna”, aclararon.
“Como creyentes en el buen Dios que dirige los designios de la historia, no dejamos de confiar en que nos asista su gracia para dar testimonio del nombre cristiano en estos momentos de la historia nacional”, concluye el texto.
