El nuevo papel que la legislación ha dado al Tribunal de Cuentas respecto a la financiación de la Iglesia Católica y la deriva del dictamen del Tribunal Europeo de Luxemburgo que abre la posibilidad del pago del impuesto de obras por parte de los Escolapios de Getafe son los retos que tiene sobre la misa el vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal.
Así lo ha señalado en una conferencia durante la celebración de las fiestas de la Facultad de Derecho Canónico, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que ha compartido con la comunidad universitaria la evolución que ha sufrido el departamento que se encarga del dinero de los obispos.
Trasparencia y autosontenimiento
Giménez Barriocanal ha defendido en trabajo realizado estos años de “dar a conocer lo que la Iglesia hace en la sociedad” y el impacto que esto tiene. Tarea que se ha intensificado tras el cambio de modelo de financiación a través de la declaración de la renta en 2007. Para ello, dos son las claves de trabajo que se han ido imponiendo en la Conferencia Episcopal: “la transparencia y el autosostenimiento”.
La puesta en marcha del portal de trasparencia intenta combatir el hecho de que “actualmente existe un desconocimiento sobre la vida de la Iglesia que se visibiliza a través de sus instituciones y de personas que participan en inumerables actividades”. La misión de la Iglesia determina su forma de financiación, que ha sido el tema central de la conferencia. El vicesecretario ha detallado los principales aspectos de la financiación directa, que “es la aportación de los fieles y hemos conseguido que todas las diócesis de España manden las cuentas a la Conferencia Episcopal, lo que sirve para conocer su realidad”. Aunque ha advertido que en este sentido falta aún algo de “cultura social en el sostenimiento de la Iglesia por parte de los creyentes”.
Respecto a la financiación indirecta, como las exenciones, ha reivindicado que “si no tenemos que pagar impuestos por las excenciones fiscales, ese dinero sirve para actividades asistenciales y de pastoral”. Aunque las exenciones no son los únicos medios indirectos de contribución, la más importante es la labor del voluntariado: “hay más de cien mil catequistas que están financiando con su trabajo”, así como el buen uso de instalaciones, la gestión presupuestaria y las buenas prácticas “que también ahorran dinero”, señaló.
Autonomía de la Iglesia
El vicesecretario quiso desmentir algunas de las críticas que frecuentemente la Iglesia recibe sobre su financiación. Por ello, señaló taxativamente, que “la Iglesia no recibe ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado, salvo una partida para asistencia en las cárceles. Solo recibe única y exclusivamente el dinero de los contribuyentes. Si nadie marcara la X, la Iglesia no recibiría nada”. En este sentido explicó algunas claves de contabilidad, como el hecho de que “la asignación tributaria no se puede fiscalizar como gasto, sino como una minoración de ingreso. Si no es un gasto, no está sometida al régimen de fiscalización de gastos previsto por la Administración General del Estado”. Dato que comparó con el caso de otros organismos: “la Iglesia recibe el pago a cuenta el 70% del año anterior, sin embargo las Comunidades Autónomas reciben el 98% del dinero de la anterior liquidación”.
En este sentido ha señalado que la aportación de la X sigue siendo una vía que muchos fieles emplean para contribuir con las obras de la Iglesia. Es una muestra de las adhesiones de los creyentes. “No hay partido político que tenga tanta adhesión”, bromeó a la vez que ofreció algunos datos de cómo está evolucionando este sistema para desmentir que “no se están cayendo las cruces de la declaración de la renta”.
Recordó también, Giménez Barriocanal, las actuaciones del Programa de Transparencia que han incluido la firma de protocolo con ‘Transparencia Internacional’, así como la elaboración de estudios de impacto, software de gestión de las diócesis –que ya está en casi todas las diócesis y en dos años llegará a todas las parroquias–, o el programa de donativos “Dono a mi Iglesia”. Y es que la Iglesia hace “el mayor ejercicio de solidaridad de este país”.
Ante críticas y ataques, ha ratificado que “el Estado mantiene un sistema de colaboración con la Iglesia plenamente constitucional, en los acuerdos Iglesia-Estado. No es un privilegio, tiene que ver con lo que la Iglesia hace, porque genera un enorme beneficio social”.
