La recién electa presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para el trienio 2018-2021, en cabeza del obispo de Barinas, José Luis Azuaje, ha fijado su posición –en un comunicado divulgado este 29 de enero– ante la convocatoria “anticipada” de elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al considerarla como una “imposición” al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con esto, las tensiones entre la Iglesia venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro crecen, toda vez que el mandatario ha arremetido contra los obispos, llamándolos “diablos con sotana”, a lo que se suman los ataques de sus simpatizantes a la sede episcopal de Cumaná y la solicitud de apertura de expedientes a dos obispos señalados de incitar al odio (“delitos de odio” a los venezolanos. Estos hechos recientes bien podría ser una muestra de la artera campaña que el gobierno promueve para disminuir la influencia del clero en la población.
Llamado a reflexionar
Sin embargo, el episcopado no se ha dejado amilanar. Por un lado, la CEV hace un llamado a la ciudadanía “a reflexionar serena y seriamente” sobre lo significa el hecho de adelantar las elecciones, sobre todo en un contexto marcado por la “extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC”, como denuncia en el comunicado.
“Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según los intereses propios del poder”.
Contra al marco legal vigente
Reiterando las palabras de su Exhortación Pastoral del pasado 12 de enero, los obispos venezolanos consideran “la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales. Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco legal vigente”, argumentan.
Por otra lado, crecen las denuncias frente al hambre y a las penurias de la gente, registradas en medios internacionales, que la presidenta de la ANC, Delcy Roríguez, califica como “arremetida mediática del imperio”.
Lo cierto es que cada día son mayores las evidencias objetivas que demuestran que las desacertadas políticas económicas, sumadas a las restricciones y al control de precios, la hiperinflación y la escasez de dinero circulante y de víveres y medicinas, ha disparado la carestía y pérdida de la calidad de vida, no encontrando soluciones efectivas, según han afirmado varios expertos. Por ello, en medio de esta crisis humanitaria, la Iglesia venezolana exhorta al Gobierno a cumplir sus funciones.
“En Democracia la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras, a emigrar ante la necesidad de sobrevivir”, señalan los obispos venezolanos.
“Despropósito ético y humano”
La CEV considera “un despropósito ético y humano, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población”.
Invocando el artículo 5 de la Constitución venezolana, el episcopado defiende que la soberanía reside en el pueblo y, como tal, “es el pueblo el que debe asumir su vocación de ser sujeto social y no una instancia espúrea el que sitúe las cosas en su justo lugar”.
El CNE, garante de imparcialidad
Además, hace un llamado, especialmente a las instituciones del Estado, a que respeten la voluntad del pueblo, poniendo en el tapete la necesidad de un árbitro electoral ponderado y autónomo, tal como lo exige la oposición en las mesas de diálogo en República Dominicana: “el CNE es la institución llamada a velar por las garantías electorales de los ciudadanos, de ahí la necesidad de su reestructuración para que cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución vigente”.
“Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo. Aunado a esto debemos recordar que si realmente vivimos en democracia, la institución electoral –CNE– debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector”, aseguran los obispos.
La responsabilidad de los partidos políticos
Como lo hiciera monseñor Romero en su tiempo, los pastores de la Iglesia venezolana denuncian e invitan a todos los sectores políticos del país a “asumir responsablemente la difícil y real situación: la comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable”.
Sin ambages, en su justa dimensión, en escucha del clamor del pueblo venezolano la CEV también reconoce que “la dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente”.
“Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales”, exhortan.
“Despierten y reaccionen”
Para cerrar su comunicado, la presidencia de la CEV rememora aquella emblemática frase de san Juan Pablo II en su segunda visita a Venezuela en 1996: “¡Despierta y reacciona, es el momento!”, pues “el poder del pueblo supera cualquier otro poder”.
Aunque la situación de Venezuela continúa agravándose, ante lo que ha sido denominado como una crisis global, los obispos alientan a “una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas, y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecemos”.
